Las razones del lawfare contra una militante en derechos humanos
Sin pruebas, dos fiscales santafesinos pretenden imputar a la abogada de Hijos Rosario. En 2020 denunció que la gestión Pullaro había pagado con fondos reservados la defensa de policías imputados en el encubrimiento del crimen de Franco Casco.
Por Rodrigo Miró
Jueves 18 hs en la Plaza 25 de Mayo, Rosario. Allí donde siempre caminaron las Madres con su pañuelo, este jueves se pedirá que finalice la persecución judicial y política contra la abogada Nadia Schujman. La letrada, militante de HIJOS e histórica referente en la lucha por los derechos humanos, está a punto de ser imputada por la justicia provincial, tras los irregulares allanamientos que dos fiscales santafesinos hicieron en el Ministerio de Seguridad, el último 26 de noviembre.
Schujman, protagonista por décadas de la búsqueda de memoria, verdad y justicia, fue activa protagonista de cada una de las causas penales en los Juicios por la Verdad. Fue subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. Y en diciembre de 2019, con la llegada de Omar Perotti a la gobernación y Marcelo Sain al Ministerio de Seguridad, asumió en la Dirección de Control Policial de dicha cartera.
Entre otras tareas que llevó adelante desde esa función, fue la patrocinante de una denuncia penal que presentó Sain como ministro, por el uso de fondos reservados por parte de la provincia, durante la gestión de Maximiliano Pullaro como ministro de Seguridad, entre 2017 y 2018. Bajo la gestión del actual diputado provincial, se le pagó un millón de pesos a dos abogados para que defendieran a los policías imputados por el caso Franco Casco, sospechados de haber desviado la investigación por la muerte y desaparición del joven, al que se vio por última vez con vida en la Comisaría 7ma de Rosario, en 2014.
Los abogados que cobraron de la provincia durante la gestión Pullaro, con fondos reservados, fueron José Manuel Alcácer y Lucas Peirone. Además, el mismo estudio tenía como cliente a Esteban Lindor Alvarado, preso en la cárcel de Marcos Paz y sospechado de ser líder de una de las bandas narcocriminales más importantes de Rosario. Todos estos datos constaban en la denuncia que presentó en 2020 el entonces ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, con el patrocinio de Schujman.
El último 26 de noviembre, los fiscales Mariela Jiménes y Ezequiel Hernández llegaron a la Sede de Gobernación en Rosario, en teoría para "buscar documentación" vinculada a una causa que venían investigando, por una licitación para la compra de armas lanzada la provincia y suspendida antes de concretarse. Pero insólitamente, los oficiales de justicia y el equipo del Organismo de Investigaciones que llegó con ellos, decidieron secuestrar teléfonos celulares y computadoras de todos los funcionarios que estaban en ese momento en sus oficinas en el Ministerio de Seguridad. Es decir, lo que hicieron fue un allanamiento, pero sin orden judicial.
A Nadia Schujman, responsable de aquella investigación contra policías por encubrir un crimen durante la gestión Pullaro, también se le incautó su teléfono celular. Y ahora la justicia pretende imputar por una supuesta "asociación ilícita y malversación dolosa", sin ninguna explicación ni prueba a la vista. Por ello, numerosas organizaciones sociales, políticas y gremiales, así como los diputados provinciales Matilde Bruera y Carlos del Frade, salieron a repudiar la persecución judicial contra Nadia, en el marco de lo que el criminólogo Enrique Font denominó un "Lawfare" a la santafesina.