La justicia provincial hizo los deberes, una vez más. En plena discusión sobre las atribuciones, competencias e involucramiento de la justicia sobre el narcotráfico en Rosario, un tribunal provincial aceptó los planteos de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y sentenció con perpetua al narco Esteban Lindor Alvarado. El fallo fue contundente, no sólo respecto al contenido jurídico, sino, sobre todo, en su mensaje político.

La demanda social ante la violencia es simple: resultados. Ya no basta con mostrar accionar, la ciudadanía quiere palpar que alguien los defiende. En ese punto sumaron los jueces que dieron un fallo "destacable" según las primeros análisis, y sobre todo los fiscales que pueden empuñar una condena y el respaldo a la investigación.

Sobre todo pueden servir para contraponerse a una justicia federal que parece estar anquilosada y tarda más de la cuenta en actuar. Falta de recursos, de política criminal, o lo que sea, pero vuelve a perder frente a la justicia provincial. A esto se le suma la evidente tensión entre los poderes a la hora de dar respuestas a la ciudadanía. El Ejecutivo y Legislativo quedan lejos de los laureles, y el poder judicial aprovecha.  

El fiscal en el juicio Alvarado, Matías Edery, envió un mensaje explícito a la política: “Hay que ver si existen personas que tienen responsabilidades que no son penales, sino políticas y administrativas. No sólo nosotros debemos ver esto, sino muchas personas que toman decisiones en la provincia se van a tener que poner a ver qué pasó en estos diez años para que terminemos con una persona con Alvarado con el poder que terminó".

En diez años pasaron dos gobiernos, decenas de funcionarios, hubo decena de responsables. Parece difícil que suceda una suerte de revisionismo que no escape de la chicana política, pero al menos, quizás sea una buena oportunidad para un gesto o -por qué no pedir de más- un punto de partida para decisiones de fondo: reforma policial, fortalecimiento judicial y institucionalidad política.