Trece policías y tres civiles fueron enviados a prisión preventiva por seis meses, acusados de desviar fondos públicos destinados al combustible de patrulleros en Rosario. La decisión fue tomada por el juez provincial Gustavo Pérez Urrechu tras la audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal que inició el martes. La única excepción fue una empleada administrativa de la estación de servicio involucrada, quien quedó en libertad bajo ciertas restricciones.

La investigación, liderada por el fiscal José Luis Caterina, reveló que los implicados habrían ejecutado maniobras fraudulentas en la estación de servicio Puma ubicada en Ovidio Lagos al 3900. Los cargos incluyen peculado de caudales públicos, cohecho pasivo, falsedad ideológica y defraudación. Durante las audiencias, algunos de los acusados, como el inspector Franco Sebastián Cuesta, jefe de Logística de la Policía de Investigaciones, ofrecieron sus declaraciones.

Cuesta explicó que dependía directamente del Ministerio de Seguridad y que recibía fondos para el combustible de los móviles, aunque estos eran insuficientes. Afirmó que la estación Puma les permitía cargar sin pagar en el momento, acumulando deudas que se saldaban posteriormente. Negó haber desviado fondos o retirado dinero en efectivo de la estación.

La defensa de los acusados argumentó que las prácticas cuestionadas eran comunes debido a la falta de recursos y la necesidad de mantener operativos los patrulleros. Sin embargo, la fiscalía sostiene que se trató de un esquema sistemático de corrupción que permitió el desvío de fondos públicos.

Este caso pone en evidencia las debilidades en los controles internos de las fuerzas de seguridad y la necesidad de implementar mecanismos más efectivos para prevenir la corrupción. La investigación continúa para determinar el alcance total de las irregularidades y las responsabilidades de cada uno de los implicados.