De la Redacción de Santa Fe Plus

El Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe ordenó que se compense económicamente al padre y la hermana de Natalia Acosta, desaparecida el 29 de mayo de 2009 en la ciudad de Santa Fe. De esta manera, y tras el pedido del fiscal Walter Rodríguez, el Estado reconoce por primera vez el derecho a reparación de dos víctimas indirectas en un caso de trata de personas.

El monto reparatorio deberá ser afrontado por el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, de acuerdo a la Ley 26.364. En tanto, los familiares indicaron que utilizarán el dinero para continuar con la búsqueda de Natalia.

Durante la última etapa del proceso, el padre y la hermana de Natalia, ambos querellantes, fueron representados por la abogada Marcela Virginia Rodríguez, titular del Programa de Asesoramiento y Promoción de Derechos de las Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación (DGN); y por los defensores coadyuvantes Vanesa Ferrara y Mariano Rosatti.

Lo que pidió el fiscal

Amparado en un anterior pedido de reparación impulsado por Clara Acosta, hermana de Natalia, en noviembre del año pasado, el fiscal federal Walter Rodríguez elevó un pedido a la Justicia federal solicitando que el Estado indemnice con celeridad a la familia de Natalia Acosta, por considerarlo responsable directo en la "alteridad" de pruebas claves y en la "demora" por iniciar toda búsqueda para dar con la joven desaparecida el 29 de mayo de 2009 en la esquina de 25 de Mayo y Suipacha.

En un escrito de 14 páginas, Rodríguez justificó la importancia de que la familia sea resarcida por la "falta de servicio" en que incurrió el Estado al no actuar tras la denuncia de desaparición —realizada por sus propios padres y a las pocas horas de conocido el hecho—, además de una reparación por la situación de "incertidumbre y angustia" a la que fueron sometidos en todo el inconcluso proceso.

En tal sentido, el fiscal recordó que "la normativa vigente al momento de los hechos (previo a 2016, año de sanción del vigente Código Civil y Comercial) exigía un deber de las autoridades públicas" en "extremar los recaudos para incorporar todas las evidencias pasibles de ser recogidas en las primeras horas y días posteriores al suceso".

Sin embargo y muy por el contrario, Rodríguez apuntó que las demoras comenzaron desde el mismo día de la desaparición de Natalia, ya que "las autoridades policiales se limitaron" en su accionar al catalogar la desaparición como "paradero", habilitando "un período de espera con la única alternativa de que la persona regrese por sus propios medios".

Seguidamente, el letrado señaló una serie de medidas que el Estado podría haber tomado para intervenir el teléfono de la joven desaparecida, como comprobar si la línea se siguió usando, escuchar las conversaciones de interés y/o establecer lugares de geolocalización.

No obstante, y como señaló Santa Fe Plus, el teléfono de Natalia estuvo secuestrado durante siete años —hasta que el propio Rodríguez tomó el caso— sin siquiera ser prendido. "Con un solo impacto de antena hubiese sido suficiente para disponer rastrillajes", agregó el letrado para justificar su punto.

También cuestionó que no se haya realizado una campaña mediática masiva para dar con el paradero de la joven.

Natalia Acosta: omisiones e irregularidades para garantizar la impunidad

Natalia Acosta desapareció el 29 de mayo de 2009 en la esquina de 25 de Mayo y Suipacha. En esa esquina ejercía la prostitución. Su pareja lo sabía y ejercía violencia sobre ella. La noche anterior había estado en "Místico", un club nocturno que la Municipalidad publicitaba en su folletería oficial.

Las primeras pesquisas fueron cursadas por la Justicia santafesina, que actuó de oficio bajo la carátula de “averiguación de paradero”. Pocos meses después su familia impulsó una nueva denuncia ante el fuero federal por trata de personas.

Desde entonces y durante ocho años, los jueces Darío Sánchez (provincial) y la fiscal Cintia Gómez (federal) no buscaron a la joven desaparecida. En la causa queda claro que hubo dilaciones, quizás con el objetivo de favorecer a nombres ligados al poder político y económico local.

El fiscal federal Walter Rodríguez, quien tomó en 2016 el expediente, se sorprendió de las enormes “falencias” y los pocos avances por parte de los magistrados en la investigación. Bajo su investigación se produjeron los únicos avances y la única detención, la de Osvaldo Cerri, que murió mientras cursaba prisión preventiva en la cárcel de Las Flores.

Cerri estuvo vinculado al club nocturno Místico, y tenía entre sus socios a gente poderosa ligada al poder político y judicial.

El fiscal Rodríguez resaltó tras la muerte de Cerri que no debía dejar de buscarse a Natalia. Sin embargo el paso del tiempo, sumado a la muerte de la madre de la joven, principal impulsora de su búsqueda, dan pocas expectativas al respecto.

Un callejón sin salida -inexplicable- si se consideran las grandes omisiones en los primeros meses tras la desaparición de Natalia.

La pista Místico 

La “pista Místico” no la inició la justicia, sino la policía. Derivó de la declaración de Juan Carlos Cisneros, uno de los dueños del local y del mencionado Osvaldo Cerri, ambos en calidad de testigos.

Cerri declaró en 2009. Durante la audiencia afirmó que en los días de la desaparición estaba fuera de la ciudad, pero la antena de su celular se activó en la misma zona horaria y geográfica que la de Natalia.

El imputado detalló que “llevaba chicas” y que su vinculación con el club nocturno era Marcelo Boscarol, apellido relacionado a la política local. Uno de sus hermanos, Darío Boscarol, exvicepresidente de Aguas Santafesinas, votó en contra, como diputado por la Unión Cívica Radical, de una ley que proponía la erradicación de cabarets y whiskerías en todo el territorio provincial.

Por su parte, Cisneros declaró que sus socios eran Marcelo Boscarol y Oscar Burtnik, en su momento asesor de Utedyc y dirigente de Unión, luego vocal de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Penal.

Y sobre Cerri, precisó: “Si bien me ofrece femeninas para trabajar en el local, nosotros nos reservamos el derecho de contratarlas. Si en algún momento el local necesitaba bailarinas, lo podíamos consultar, ya que él conocía algunas chicas que necesitaban trabajar”.

El juez Sánchez y la fiscal Gómez tuvieron esas declaraciones en sus manos. Sin embargo, entendieron que no había elementos para profundizar sobre Místico.

"Inconcebible"

En uno de sus dictámenes, el fiscal Rodríguez sostuvo lo “inconcebible de que no se haya profundizado al respecto”, ya que Cerri “brindó una versión plagada de inconsistencias y contradicciones, entrecruzadas con un parcial reconocimiento de su participación en el hecho investigado” por lo que “hubiese merecido un tratamiento procesal distinto” al adoptado por la fiscal Gómez.

“No puedo dejar de mencionar una situación central que pasó misteriosamente inadvertido para quien dirigía la investigación, que es el expreso reconocimiento de Cerri en punto al traslado de femeninas en su vehículo particular, cuestión que hubiese merecido según mi criterio la modificación del tenor procesal bajo el cual se recibió su testimonio”, enfatizó en su escrito.

Tampoco les pareció sospechoso que Cerri pudiera precisar dónde había estado el día de la desaparición de Natalia, pero no pudiera decir cuál era la patente de su auto y se negara a dar su domicilio, para dar el de un estudio jurídico, que negó conocerlo.

Ni que al momento de hacer su declaración, Cisneros, ofuscado por la citación que había recibido, dijera “yo voy a llamar a quien tiene que dar explicaciones”, delante de la policía, y allí mismo se comunicara telefónicamente con Cerri.

Esta decisión, de no profundizar sobre el cabaret que el propio municipio promocionaba a través de la folletería oficial, con apellidos vinculados al poder político y judicial como propietarios, también había sido denunciada por el ex Defensor General de la provincia, Gabriel Ganón.

“La pista Místico fue sugestivamente abandonada por los investigadores. Tampoco se investigó a Cerri, que la llevaba (a Natalia) a hacer copas al lugar”, expresó.

Ganón fue destituido de su cargo tiempo después. Uno de los que impulsó su remoción fue el diputado por la UCR Alejandro Boscarol, hermano de Marcelo.

El teléfono celular

La última señal de vida de Natalia Acosta fue un mensaje de texto que le envió a su hermana a las 4.17 del 29 de mayo del 2009.

Al investigar este hecho, la policía pidió un detalle de las llamadas entrantes y salientes del celular de Cerri. Natalia efectuó una llamada a las 3:08 del 29 de mayo de 2009, que fue captada por la antena ubicada en Santiago del Estero 2645. Cerri recibió una llamada a las 3:20 que abrió la antena situada en calle Crespo 3346. ¿La distancia entre las antenas? Apenas diez cuadras. 

Gómez y Sánchez tuvieron esa información a disposición, pero jamás entrecruzaron esos datos con los del celular de Natalia. No vieron, o prefirieron no ver una información tan relevante. 

El dato desnuda otra falencia en las pesquisas judiciales: Cerri sostuvo que ese día viajó a Angélica para visitar a su madre. Su celular, no obstante, lo ubica en la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, nunca lo llamaron.

Pero cuando todo indicaba que se debía profundizar la investigación sobre Cerri, la fiscal Gómez eligió otras hipótesis y envió efectivos a provincias limítrofes. No se encontró ninguna información relevante.

El fiscal Rodríguez diría luego que “la familia Acosta estuvo privada del derecho a contar con una investigación seria” y lo que hubo, en cambio, fue “una pesquisa formal plagada de medidas probatorias carentes de profundidad y dispuestas respecto de un universo llamativamente acotado”.