El Lawfare santafesino sigue sumando capítulos. Este viernes, Nadia Schujman y otros cuatro exfuncionarios del Ministerio de Seguridad que fueron desplazados tras los allanamientos del 26 de noviembre a la Sede de Gobernación, pidieron al Colegio de Jueces Penales de la provincia que se avenga a la causa en la que se los investiga. Y plantearon: "Con la urgencia del caso, que se fije una fecha de audiencia para discutir judicialmente el acceso a las constancias de la investigación que, hasta el momento, nos viene siendo injusta e ilegalmente negado". La presentación se hizo por escrito, mediante un documento que lleva la firma del abogado que los defiende, el doctor Juan Lewis.

Schujman es abogada de HIJOS, participó en los Juicios por la Verdad y tiene una larga trayectoria en Derechos Humanos, que la llevó en diciembre de 2019 a se convocada para hacerse cargo de la Dirección de Control Policial, durante la gestión de Marcelo Sain en el Ministerio de Seguridad. La expectativa era que pudiera investigar y denunciar la corrupción en la fuerza. "Por desempeñar su tarea con tanta energía y patear varios hormigueros, le quieren armar una investigación como vuelto de lo que hizo", señaló el diputado nacional Eduardo Toniolli, luego de los allanamientos.

Con la salida de Sain y la llegada de Jorge Lagna al Ministerio, Schujman siguió ocupando el cargo hasta el pasado 26 de noviembre. Ese día hubo un operativo en la propia Sede de Gobernación en Rosario, donde la funcionaria tenía su despacho. Allí, el operativo dispuesto por el MPA de Santa Fe en busca de documentación para una causa en la que se investigaba presunto espionaje, terminó convirtiéndose en un allanamiento, al requisar mochilas y llevarse celulares y computadoras de los empleados que estaban en el lugar. Se actuó sin orden judicial, pese a lo que indica la Ley para estos casos. Y según constó en el acta, además los efectivos policiales actuaron sin testigos, por instrucción de una de las fiscales a cargo, Jimena Hernández. 

En los días que siguieron, esos funcionarios que fueron desplazados de Seguridad solicitaron a Fiscalía -sin suerte- más información sobre los motivos por los que se los investiga y una fecha de audiencia imputativa. Pero no obtuvieron respuesta. 

"Nos encontramos en una fecha en que la Fiscalía debería exhibir a las defensas la totalidad del legajo poniéndolo a disposición para que pueda controlar el curso de la investigación. Sin embargo, no sólo no ha entregado dicho material sino que –por los medios de comunicación, en algo que ya parece una (mala) costumbre del MPA vernáculo- ha hecho trascender que en virtud de alguna presunta complejidad (que no logramos entender en qué radica) recién citarían a imputativa en el mes de febrero", plantea Lewis en el documento presentado este viernes. 

El escrito continúa: "Tal noticia nos lleva a solicitar judicialmente las copias del legajo a efectos de poder controlar la colecta de evidencia, conforme lo habilita el art. 259 2º párrafo CPPSF. Y, ante la negativa del MPA, y la afirmación de la existencia de una presunta 'complejidad' que no debería ser tal, solicito la intervención de ese Colegio de Jueces a efectos de que se disponga judicialmente el acceso a las constancias de la investigación practicada. En efecto, no pueden ser los fiscales quienes dispongan caprichosa e inopinadamente la calificación de “compleja” a la presente investigación. Tal mote, y las consecuencias que pretende el MPA, corresponde sean evaluadas y decididas por un juez".

En el final, el documento solicita que en forma urgente el Colegio de Jueces Penales fije una fecha de audiencia urgente "para discutir judicialmente el acceso a las constancias de la investigación que, hasta el momento, nos viene siendo injusta e ilegalmente negado", plantean los ex funcionarios del Ministerio de Seguridad.