De la redacción de Santa Fe Plus

El 12 de septiembre, hace poco más de un mes, un allanamiento en Puerto Amarras por una causa menor terminó en una causa federal por la existencia de una cueva financiera. En el departamento que alquilaba Ángel Yamil Benavídez se encontraron 45 millones de pesos, 83 mil dólares, 22 mil euros y 23 mil reales.

La causa avanzó y hay, en este momento, cinco imputados. En primer lugar Benavídez, quien es hasta ahora el único de ellos a quien se le dictó la prisión preventiva. También fueron procesados su pareja, María Laura Miassi, y otros tres hombres: Carlos Raúl Quartucci, Raúl Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo.

¿De qué se los acusa? ¿Qué rol cumplía cada uno de ellos en la llamada “Cueva del Puerto”? ¿Y por qué la insistencia para que la causa deje de estar en manos de la justicia federal y pase, en cambio, a ser controlada por el Ministerio Público de la Acusación? 

Los roles

1) Ángel Yamíl Benavídez es apuntado como el principal responsable. Oriundo de la localidad de Diamante, en Entre Ríos, está directamente vinculado a la Unión Cívica Radical. De hecho, un día antes de su detención fue fiscal de la lista Unidos para cambiar Santa Fe, y hasta el 30 de marzo fue asesor del bloque de Juntos por el Cambio en el Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe. 

Benavídez está detenido por la infracción de los artículos 173 inciso 15 del Código Penal (defraudación mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito), 303 (recibir dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con "el fin de que les de la apariencia posible de un origen lícito”), 310 ("intermediación financiera no autorizada") y el 285 en función del 282 (falsificación e introducción de moneda que tenga curso legal).

Su “negocio” tenía varias patas. Una de ellas era “comprar"datos a personas de condición humilde o de escasos recursos y abrir cuentas en el Banco Santander, para realizar distintas operaciones. Se trata de personas de bajos recursos, changarines y algunos de ellos con alguna discapacidad. Con sus datos, por ejemplo, compraban dólar MEP. “Esas personas a nombre de quienes se abrieron cuentas sin su consentimiento, sufrieron numerosos perjuicios", sostuvo el fiscal Walter Rodríguez. Se trata de gente de los barrios Centenario, Chalet, San Lorenzo, Yapeyú, Adelina de Santo Tomé y Las Vegas de Santo Tomé, entre otros. En una de esas cuentas, hubo transferencias por más de 20 millones de pesos.

Además, se dedicaba a recibir dinero de “inversores” y pagarles una comisión por lo que él llamaba “alquiler de dólares”, compraba y vendía dólares, importaba y vendía Iphone y administraba algunos otros negocios. Parte de esas operaciones consistían en ingresar al mercado “legal” dinero proveniente de negocios ilícitos.

2) María Laura Miassi es la pareja de Benavídez y se desempeñaba, hasta el momento de los hechos, como Directora de Crédito Público de la provincia de Santa Fe. Se mostraba en sus redes, además, como militante peronista. Para el fiscal, Miassi intervino en los delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, agravados por su condición de funcionaria pública y por haber actuado en ejercicio de una profesión que requiere habilitación especial (contadora pública nacional).

Su participación no se habría limitado a la “cueva”, sino al resto de las actividades comerciales desplegadas por Benavídez, contribuyendo por ejemplo para simular ante la AFIP una situación fiscal engañosa de su pareja.

Uno de los elementos secuestrados en el allanamiento es un IPhone 6 que si bien estaba en poder de Benavídez pertenecería a Miassi. Allí queda claro que Miassi estaba al tanto de todos los movimientos y muestra alegría por la diferencia económica que Benavídez había hecho en algunas operaciones: “Sos mi socia”, responde él.

Su función principal habría sido registrar cada operación, controlar el stock de billetes, calcular la ganancia final y brindar su conocimiento en materia contable para cada operación.

3) Carlos Raúl Quartucci creó junto a Benavídez, en noviembre de 2022, la firma “Servicios La Resistencia". La justicia entiende que a través de esa empresa canalizaron ingresos que provenían de maniobras ilícitas, por lo que está acusado de ”lavado de activos". Quartucci fue condenado en 2016 como integrante de una banda que cometió diez entraderas y fue condenado a 3 años y 8 meses de prisión. 

Se presume que su rol fue clave para captar a la gente de condición humilde para adquirir sus datos y, luego, abrir cuentas bancarias. Su cercanía con la barrabrava de Colón (de la que habría sido parte años atrás) explicaría por qué, entre los nombres de las 39 tarjetas de débito que se secuestraron, aparecen familiares de Brian Emanuel Ríos, líder o ex líder de la barrabrava de Colón y presuntamente ligados a la facción “La Negrada”.

4 y 5) Raúl Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo habrían sido parte del delito de “intermedicación financiera no autorizada”. Según las pesquisas, ambos participaron en la operación para captar inversores que proporcionaran dólares, a quienes se les pagaba un interés. Los nombres de esos 27 aportantes (por un total de 387.000 dólares) están en una planilla Excel, con el monto que aportó cada uno, el interés generado e incluso la fecha de cobro.

En las conversaciones telefónicas entre Benavídez, Manonellas y Gastaldo surge que ese tipo de intercambios eran habituales. Además, hay que tener en cuenta que parte de lo que se investiga hasta ahora respecto al dinero no sólo está vinculado a esos “inversores”, sino también a dólares obtenidos por la compra y venta de bonos del Estado Nacional, operatoria conocida como “Dólar MEP” (Dólar Mercado Electrónico de Pagos), utilizando las cuentas de, cuanto menos, treinta y nueve personas que fueron víctimas de defraudación.

También con el otorgamiento de préstamos al público, principalmente a través del local comercial de venta de celulares y accesorios denominado “CLUB PHONES”, ubicado en Salta 2640: “PEDI TU CREDITO PERSONAL Y LLEVA LO QUE QUIERAS EN EL ACTO”, puede leerse en dicho negocio.

Quieren que la causa pase al MPA

La defensa de Benavídez presentó un escrito, a través de su abogado, Ignacio Alfonso Garrone, para que la causa pase al fuero provincial y quede bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, y no de la justicia federal. En ese momento, el juez federal Aurelio Cuello Murúa lo rechazó al considerar que tanto el delito de lavado de activos como el delito de intermediación financiera no autorizada “comprometen al orden económico y financiero nacional”.

Ahora, Miassi, pareja de Benavídez, vuelve a insistir. El texto, que presentó su abogada, Clara Vázquez, sostiene que "los sujetos, hechos, territorio e intereses se circunscriben al ámbito de competencia de la ciudad y provincia de Santa Fe, debiendo disponerse la competencia ordinaria”.

“La doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de Santa Fe para los delitos económicos, sumado a la posibilidad de que las entidades provinciales realicen operaciones de intermediación financiera, torna viable la posibilidad de analizar en el caso concreto la afectación del interés nacional o provincial”, consideró la abogada en otro tramo del escrito”, agrega.

Cabe recordar que, en el pasado, la actuación del MPA en torno al hallazgo de otra cueva financiera devino en el procesamiento de la fiscal Cristina Ferraro y, a su vez, en el pedido de destitución de la misma en la Legislatura de Santa Fe.

En aquella ocasión, tras el homicidio de Luis Oldani, la fiscal permitió que los familiares se llevaran un millón de dólares y tres millones de pesos de la escena del crimen. En su descargo, asegura que "no se perdieron evidencias" y que avisó "verbalmente" a sus superiores sobre el retiro del dinero.

Desapareció un millón de dólares, pero para la fiscal "no se perdió evidencia"