El procurador de la Corte Suprema provincial, Jorge Barraguirre, confirmó que analizará si corresponde iniciar actuaciones contra el juez provincial Santiago Banegas, a fin de determinar las causas por las que decidió homologar una cuestionada condena abreviada contra un renombrado funcionario de Avellaneda, Marcelo Galaz, quien cursa un juicio por abuso sexual contra una familiar menor de edad.

De acuerdo al propio Barraguirre y a lo publicado por Rosario/12, la causa contra Galaz apunta a la corrupción de menores y al perjucio contra la salud de la joven, además de otros delitos menores, cargos que el acusado reconoció y por los que se pidieron 32 años de condena.

"Los abusos se iniciaron en 2000, cuando la víctima tenía 4 años, y se extendieron por seis años, hasta que ella comprendió el alcance de los hechos y lo amenazó con contar lo sucedido a su madre", relató la fuente mencionada.

Sin embargo y por cuestiones pocos claras para la familia de la damnificada, Galaz acordó con la querella (a cargo del fiscal del MPA, Aldo Gerosa) una pena de solo siete años, más una multa económica de seis millones de pesos a saldarse antes del 29 de mayo, cuando el juez Banegas homologue formalmente el acuerdo.

Lo curioso es que la familia de la joven denunciante señaló que el fiscal Gerosa les recomendó “no contratar un abogado querellante” porque él los iba a defender.

Todo este accionar, avalado por el juez Banega al aceptar el acuerdo abreviado, presenta además otros detalles no menores y que preocupan por los hilos políticos que entretejen.

Se habla puntualmente de la intervención del senador radical Ofilio Marcon, a fin de lograr un acuerdo abreviado para evitar el (mediático) juicio que podría manchar la campaña, dado que el imputado es mano derecha del precandidato a gobernador Dionisio Scarpin.

En julio de 2021, cuando la denuncia fue cursada, Galaz se desempeñana como funcionario del por entonces intendente de Avellaneda.

En tal marco y en diálogo con La Ocho, el procurador Jorge Barraguirre confirmó que el próximo martes conformará "un legajo para estudiar las responsabilidades judiciales" de las partes actuantes.

"Queremos ver la responsabilidad del magistrado (Santiago Banegas) al homologar un acuerdo de partes de este tipo", explicó el funcionario judicial.

Tamnién aclaró que "puede haber responsabilidades por parte de un fiscal (Aldo Gerosa), que no nos corresponde evaluar porque queda en manos de la Auditoriía General de Gestión del MPA".