La Legislatura afila el cuchillo y va por la sanción del fiscal Edery
La acusación contra el funcionario judicial sobre una presunta omisión de investigar y proteger a una informante fue ampliada. El senador Armando Traferri, enemigo público del acusado, estará en el proceso. Resistencia de la Asociación de Fiscales.
La comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe trata este jueves una posible sanción disciplinaria al fiscal rosarino Matías Edery, quien la semana pasada fue imputado formalmente por cuatro delitos relacionados con su función institucional.
La reunión de la comisión, que estaba prevista para la próxima semana, se adelantó para este jueves. El acusador en el proceso disciplinario, el diputado Fabián Oliver, solicitó la semana pasada una suspensión por 120 días del fiscal investigado, lo que representa una retención del 50 por ciento de su salario.
Pero el caso tomó otro cariz desde el último viernes, cuando las fiscales de la Unidad de Delitos Complejos de la ciudad de Santa Fe, María Laura Urquiza y Bárbara Ilera, imputaron a su par rosarino por omisión de investigar; encubrimiento agravado; violación de medios de prueba y prevaricato en reiteradas oportunidades, según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Las fiscales le atribuyeron a Edery “haber dejado de promover la persecución penal de diversas personas, a sabiendas que existían elementos que acreditaban su participación en hechos ilícitos vinculados a organizaciones criminales”.
La intervención disciplinaria de la Legislatura generó muchas suspicacias por la presencia del influyente senador Armando Traferri, quien tiene una disputa personal con el fiscal por una causa de supuesto juego ilegal en la cual pretende acusarlo, pero, después de una larga novela que llegó hasta la Corte Suprema provincial, el legislador pudo utilizar sus fueros y evitar el procedimiento judicial.
En tanto, la Asociación de Fiscales y Funcionaries del MPA expresó “su más contundente rechazo a la paliación del Régimen Disciplinario vigente en manos exclusivas de la Legislatura y a través de un proceso que adolece de serios vicios de inconstitucionalidad".
“Es una intromisión directa del Poder Legislativo sobre el Judicial. Ya hicimos una presentación en la Comisión Interamericana de DD.HH y se está tratando. Mientras no se modifique este régimen todos los fiscales están en estado de indefensión, con menos derechos que cualquier imputado”, explicó en Sí 98.9 la fiscal Viviana O'Connell titular del organismo.
La acusación
Puntualmente, al fiscal rosarino que participó del juicio por el que fue condenado a prisión perpetua el capo narco Esteban Alvarado, le imputaron no haber investigado a Mariana Ortigala, que está presa desde fin de año en una causa por extorsión junto al jefe de la narcobanda “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero.
La denuncia fue presentada por los fiscales rosarinos Miguel Moreno y Pablo Socca, quienes descubrieron que Ortigala funcionaba como “informante” de Edery, pero esa figura no tiene validez en la legislación local.
Moreno y Socca denunciaron a su par por “proteger” a Ortigala y de retacear la información que la mujer le suministraba en causas de las que no participaba Edery. El fiscal explicó que él había entregado a sus superiores en la Fiscalía Regional de Rosario una lista de “informantes” con los que trabajaba.
Edery también fue acusado de “haber alterado rastros de hechos delictivos con el fin de asegurar la impunidad de dichas personas” y de “haber asesorado a partes contrarias en un mismo juicio, en forma simultánea, actuando y velando por los intereses del imputado y perjudicando deliberadamente las causas que tenía confiadas en función de su cargo de fiscal”.
Además de Ortigala, investigada como presunto testaferro de Cantero a través de la registración de 14 propiedades, Edery está acusado de encubrir a la pareja de esa mujer, Sebastián Felipe, a su hermano Rodrigo Ortigala y a Lorena Córdoba, viuda de un hombre considerado el “Rey” del juego clandestino en Santa Fe.
Mientras se tramita la causa judicial, avanza en paralelo en la Legislatura provincial el proceso disciplinario que lo tiene como protagonista.
El diputado Oliver pidió la semana pasada la suspensión por 120 días, pero al conocerse luego la imputación, la sanción al fiscal podría ser más severa, indicaron voceros parlamentarios.
Agregaron que este jueves se reunirá la comisión bicameral de Acuerdos, que tiene por objetivo emitir un dictamen sobre la situación del fiscal, para que luego el asunto pase al pleno de la Legislatura, facultada para adoptar la resolución final.