Para los mismos días en que el país terminaba de estremecerse con las alternativas del juicio a los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, hace tres años, culminaba la segunda, acaso la última, etapa judicial de un caso parecido en la provincia de Santa Fe, solo que dilatado en el tiempo por el poder de apellidos influyentes, como lo es Vicentin en el norte. Las diferencias entre el chico masacrado por aquella patota en la costa atlántica y la de J.P.S., en Reconquista, –según reflexiona hoy a la distancia un abogado de la querella– son que éste último sobrevivió, aunque con secuelas; y que los rugbiers zarateños no gozaron de la cobertura que el entorno del imputado santafesino activó para intentar su impunidad.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Reconquista ratificó días atrás la condena de primera instancia por lesiones graves a Ignacio Vizcay, por entonces de 18 años, en perjuicio de S., de 24 entonces. El hecho ocurrió en 2012, sin embargo la Justicia recién expidió un primer fallo 10 años más tarde.

La víctima se identifica aquí con sus iniciales, a su pedido. "Era una noche de festejo y de celebración, y había salido con ese fin, pero terminé siendo atacado de manera salvaje por Ignacio Vizcay. De milagro, y a diferencia de Fernando, estoy vivo. No le bastó con haberme pegado una piña desde atrás, cobarde y a traición; sino que una vez desvanecido ya sin ninguna posibilidad de defensa me asestó una brutal patada en la cabeza y maxilar, que me dejó secuelas físicas y psicológicas de por vida", contó a RosarioPlus.com.

La pena estipulada en primera instancia, y ratificada en apelación por los camaristas Eduardo Bernacchia, José Antonio Mántaras y Carlos Renna es de solo 1 año y medio de prisión de ejecución condicional, además de algunas reglas de conducta. Es que el tribunal eligió basarse en pena menor que establece el Código Penal para ese tipo delictivo. El máximo son 6 años. Pero antes hubo acciones tendientes a falsear documentos, testimonios, y pretender incluso la absolución lisa y llana del acusado, por una agresión a golpes a traición ocurrida a la salida de una fiesta de Nochebuena, en la Sociedad Rural de Reconquista y a la vista de numerosas personas.

"La historia pone en negro sobre blanco cómo suelen ser las cosas cuando los imputados son personas del poder", reveló el abogado Gabriel Ganón, representante de la víctima. El señalamiento apunta al agresor, Vizcay, cuya familia está relacionada por parentesco con los Vicentin, y con la propiedad del frigorífico Friar y Algodonera Avellaneda, entre otras actividades. Su padre, el abogado Héctor Vizcay, representante legal de empresas del grupo Vicentin, y su madre, Verónica Vicentin. 

Amanecer de Navidad de 2012, en la Sociedad Rural de Reconquista. Una pelea dentro de la fiesta enfrenta a dos jóvenes. Tras ello, la pelea pasa a mayores en la calle. En palabras del representante legal de la víctima, "uno de los herederos del grupo estafador Vicentin tiene un altercado con un pibe de otra clase. Se arma alboroto, los separan. El heredero Ignacio Vizcay, con sus amigos, planifican la venganza".

De la reconstrucción que consta en el expediente, varios testigos coinciden en que S. era ajeno a la pelea de un primo suyo con un amigo de Vizcay, y que de repente un golpe de puño desde atrás lo derribó. Luego, una patada en la cabeza y ya no recordó más. Los testigos señalaron a Vizcay como el autor de esa agresión.

G. S. –primo de la víctima– contó que "cuando llegan a la entrada del predio de la Rural ven que hay una pelea en medio de la calle; ahí su primo, J. P. S., se adelanta unos metros y ve que del medio de esa pelea viene corriendo Vizcay y le mete una piña a su primo y le mete una patada en el piso, acto seguido Vizcay sale corriendo", dice la reconstrucción del fallo de apelación. 

Cuando el joven cayó desvanecido al suelo y sin posibilidad de oponer resistencia alguna, Vizcay le agregó una brutal patada en la cabeza que pudo haber sido mortal. 

S. tuvo que ser internado en el Hospital de Reconquista, y más adelante derivado a estudios complejos al Sanatorio Británico, de Rosario. La patada en su cabeza le había fracturado la mandíbula.

Gabriel Ganón, representante legal de la víctima.
Gabriel Ganón, representante legal de la víctima.

Cuenta el tribunal en el fallo que el padre de S. llamó al padre de Vizcay para contarle lo ocurrido. Vizcay padre "le dio la plata al remisero para pagar el traslado de S., y cuando llegan a Rosario le explican lo que había que hacer, que no entraba por obra social, y entonces (S.) lo llama de nuevo al padre de Vizcay y éste le dijo que se iba a hacer cargo pero a condición de que rectifique la denuncia. Entonces, desde ese momento se cortó todo contacto".

Al decir del letrado Ganón en su posteo de Twitter, "a la salida se juntan para esperar al 'ofensor de clase' y darle su merecido. Se arma una pelea desigual y uno de los defensores de la víctima es atacado por la espalda por el heredero, cae al piso y comienzan a patearlo en la cabeza hasta que muches intervienen y separa", rememoró.

"La persona pateada en la cabeza es trasladada inconsciente al hospital. Se recupera aunque las lesiones son gravísimas. Fractura múltiple del maxilar. El médico de policía y la policía falsean las actuaciones para que todo quede en la nada y se garantice la impunidad", agregó el letrado. 

La querella reclamó que a Vizcay se lo impute por intento de homicidio agravado, pero el fallo de primera instancia condenó al acusado como autor de lesiones graves, y le impuso la pena mínima de esa tipificación legal: 1 año y seis meses de prisión condicional. Es decir, no irá preso si no reincide en cualquier otro delito. 

Tweet de Gabriel Elías Ganón

La defensa de Vizcay, a cargo del abogado Ricardo Degoumois, apeló y fue por la absolución lisa y llana. Planteó la situación al revés de cómo lo consideró la Fiscalía y el propio tribunal. Alegó que fue S. quien agredió a Vizcay, y solo confirmaron eso tres amigos suyos que estuvieron aquella noche con él y que participaron de la pelea.

"Fueron golpeados salvajemente por una manada de hombres adultos", acusó el defensor contra S. y su grupo. Sin embargo, las lesiones se las llevó S. y no Vizcay. 

Encontró testimonios favorables entre jóvenes que habían sido empleados del frigorífico Friar y de un bar familiar, y logró que el médico de la Policía certificara que las lesiones en la víctima eran leves. Pero otro informe médico posterior indicó que el muchacho golpeado había sufrido, además de la fractura, "luxación de la articulación temporamandibular izquierdo como consecuencia del golpe del lado contralateral derecho, observándose aplanamiento de dicha articulación". Eso perjudicaría la función de masticación. 

Como la mayoría de los testigos derribó la versión de la defensa, la estrategia planteada fue intentar la figura penal de lesiones en riña, con lo cual Vizcay hubiera eludido su responsabilidad. "Las lesiones en riña –planteó el camarista Bernacchia– prevén que no se identifique al agresor, con lo cual no concuerdo: entiendo que existe certeza en cuanto a que el atacante de J. P. S. fue Ignacio Luis Vizcay", ratificó.

Como agravante, el tribunal consideró que "a pesar del tiempo transcurrido ningún arrepentimiento ha tenido ni ha buscado forma de reparar el daño". Por todo eso, ratificó la condena de primera instancia: año y medio de prisión condicional, y la prohibición de tomar cualquier contacto con la víctima, "abstenerse de usar estupefacientes o abusar del consumo de alcohol, y prohibición de tener armas de fuego y portar cualquier tipo de armas". 

Previo a la apelación, Ganón había resumido la situación: "El heredero Ignacio Vizcay es condenado no por tentativa de homicidio agravado sino por lesiones gravísimas. La defensa del Heredero de Vicentin quiere la absolución. Con esa intención están moviendo todo su poder. El caso nunca llegó a ningún medio", expresó. Consideró que el caso es similar al de Báez Sosa con dos diferencias clave: “La victima pateada no murió; el heredero fue protegido, los rugbiers no”.