La defensora provincial de Santa Fe, Jaquelina Balangione, realizó una inspección sorpresa en la unidad penitenciaria de Las Flores junto a los diputados provinciales que integran la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara Baja (Lionella Cattalini,  Agustina Donett, Matilde Bruera, Juan Cruz Cándido y Carlos Del Frade).

Tras la requisa, todos coincidieron en remarcar que "la unidad penitenciaria Nº 2 cuenta con una capacidad máxima para alojar a 1073 personas, sin embargo, de acuerdo a los datos otorgados en el día de ayer por la Dirección General del Servicio Penitenciario, la cantidad de personas privadas de libertad asciende a 1370", datos que coinciden con los recabados en un reciente informe de Santa Fe Plus.

Ingresaron 5.196 personas a la cárcel, pero sólo se construyeron 2.657 nuevas plazas

"La visita conjunta fue una iniciativa de la diputada Cattalini, que propuso acompañar la dinámica de inspecciones de la Defensoría Provincial con la finalidad de relevar la sistemática vulneración de derechos humanos originada por el grave estado de situación del establecimiento y las lamentables condiciones de detención de las personas que se encuentran allí alojadas", se señaló en un informe publicado en el portal del Servicio Público de Defensa Penal.

En este marco, las autoridades constataron "las falencias de las condiciones edilicias y estructurales del centro de detención, mantuvieron entrevistas con los internos del pabellón asignado a los 'ofensores sexuales' y visitaron la cocina del penal en la hora previa al almuerzo".

Asimismo, "monitorearon el estado de las celdas de resguardo, las que pese a su notorio estado de deterioro suelen ser utilizadas como espacios de reclusión de tipo preventivo".

"La sobrepoblación en la cárcel es una herramienta del Estado para deshumanizar"

"Vale destacar que desde hace algunas semanas la Defensa Pública presentó una acción de habeas corpus en virtud de la mala provisión de alimentos a los internos, provisión de colchones, entre otros", se señaló a tal respecto.

Por último, se destacó que la inspección "se realizó en la antesala de la presentación del informe anual por parte de la Defensora Provincial ante los integrantes de la Legislatura provincial".

"Desde el Servicio Público Provincial de Defensa Penal se continuarán las acciones judiciales de las peticiones individuales recibidas y a reparar la situación general de hacinamiento; mientras que corresponde resaltar la predisposición y el compromiso de las Diputadas y Diputados presentes para abordar la problemática desde sus respectivas esferas de incumbencia", se completó.

De la visita también participaron el defensor regional, Jorge Leandro Miró, y funcionarios de la Defensa Pública.

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