La Cámara de Diputados santafesina aprobó este jueves un proyecto de Comunicación en el que detallaron la “preocupacion por la situación de los 42 trabajadores” santafesinos despedidos del instituto de Agricultura Familiar.

“En diciembre se les extendió el contrato por tres meses pero en marzo no se los renovaron. Se enteraron por el vocero presidencial de que iba a haber un recorte y que les quitaron las claves de acceso a sus trabajos”, justificó el diputado socialista Sergio Rojas al justificar la iniciativa.

Su par del Frente Amplio por la Soberanía, Carlos del Frade, destacó que se contabiliza un total de “10.695 suspensiones de diferentes personas en distintos rubros” de nuetra provincia.

“Es un equipo interdisciplinario que trabajan de forma integral. Las familias de los parajes y del norte de la provincia acuden a estos técnicos”, añadió el socialista Joaquín Blanco.

No obstante, el proyecto cosechó la abstención de partidos celestes y de Ximena Sola del Pro. Y si bien acompañó la iniciativa “en solidaridad” con los despidos, la diputada Amalia Granata cuestionó que “pasaron 16 años y parece que recién ahora su situación laboral es irregular o un fraude”.

Intervenciones

Sergio Rojas (PS)

Recibimos a cinco trabajadores de este Instituto que nació en la década del '90 para contener las políticas económicas de esa época y de las que ya conocemos sus consecuencias.

Las anteriores gestiones no lograron formalizar el trabajo de la agricultura familiar, pero tampoco gestionar nuevas políticas públicas para reforzarlo. Son miles de familias quienes hoy sobreviven gracias a sus pocas políticas. Falta mucho para insertarlas porque producen el alimento que consumen los argentinos.

Carlos Del Frade (FAS)

Hay una serie de hechos que suceden el la provincia, con 10.695 suspensiones en distintos rubros, de los cuales 2.400 son del área metalúrgica y 1076 de la construcción.

En la década del 90 comenzamos a ver la elección del Estado nacional en favor de sectores concentrados. Se reflejaba en el recorte de trabajos y sueldos. Ahora comienzan a verse de nuevo pero extendiéndose al sector público.

Pasa en la cooperativa algodonera Santa Fe, a la que esta Legislatura siempre le renovó la expropiación de sus terrenos. Son 116 trabajadores que necesitan del apoyo del Gobierno nacional. Ocurre algo parecido en algodonera Avellaneda del grupo Vicentín, donde se busca una absorción de la firma por parte del grupo Bungue.

Amalia Granata (Somos Vida)

No nos vamos a abstener ni a votar de forma negativa porque no es grato quedarse sin trabajo. Solo quería una reflexión de esta situación que es precarizada o un frade desde 1995. Hay que tenerlo en cuenta para no caerle en todo al presidente Javier Milei. No estoy de acuerdo con las formas pero vivimos durante años en una situación de despilfarro que nos llevó a esto.

Pasaron 16 años y parece que recién ahora su situación laboral es irregular o un fraude. Hagamos autocrítica y memoria. Tenemos un presidente de cuatro meses mientras que la decadencia es de hace muchísimos años.

Joaquín Blanco (PS)

Coincidimos plenamente en que la precarización laboral es una contradicción que se naturalizó y forma parte de uno de los grandes errores. Hay un nudo de hipocresía difícl de destrabar. Pero estos trabajadores fueron despedidos sin causa.

Hoy ingresó un proyecto para crear el Instituto de Agricultura Familiar en el ámbito provincial, porque es una tarea que si no la realiza el Estado no es absorvido por ningún mecanismo del mercado.

Trabajan todos los días con los eslabones más débiles de la cadena de comercialización de los alimentos. Son los huerteros que cobran migajas. Ahí no aparece la mano invisible del mercado.