El miércoles pasado, el gobernador Omar Perotti firmó un decreto por el cual ratificó multas por $ 10.402.691,80 impuestas en 2020 por el API contra la empresa Vicentin y su entonces presidente Daniel Buyatti. La maniobra detectada, caracterizada por el organismo recaudador como defraudación, consistía en facturar ventas y cada tanto eludir la retención del impuesto a los Ingresos Brutos. El daño al fisco, a valores de aquel año, fue de $ 74.170.471,32. La sanción quedó firme ahora, al concluirse un extenso proceso administrativo, en el cual la compañía lógicamente tuvo su derecho a defensa.

Se trata, en definitiva, de una trapisonda más de los directivos de la compañía santafesina, que no dejaron una sin hacer. También en aquel distópico 2020, la empresa se hizo bandera opositora, cuando el gobierno nacional intentó avanzar con la expropiación a raíz de la declaración de “stress financiero”, que en la práctica dejó trasero al norte, valga el punto cardinal, a múltiples acreedores que van desde productores hasta el Estado en diferentes niveles.

Aquel amague y recule de Alberto Fernández, que se transformaría en un sello de su presidencia, tuvo en el gobierno santafesino un protagonismo singular, particularmente a partir de la famosa “propuesta superadora” de Perotti. Lo cierto es que los intentos de intervenir la firma en cesación de pagos, tanto del Estado nacional como del provincial, fueron bloqueados judicialmente.

Hay quienes, a partir de este episodio, pretenden que las voluminosas derrotas del peronismo santafesino en 2021 y especialmente en 2023 son consecuencia de no ir a fondo con la expropiación. Un análisis curioso, que cada tanto resurge de alguna usina extra santafesina y que tiene como característica central la alergia a los datos.

Dionisio Scarpin, intendente radical de Avellaneda en ocasión del conflicto, fue el portaestandarte principal de la consigna “Todos somos Vicentin” durante los banderazos en plena cuarentena por el covid. Lejos de significarle un costo político, aquel agite contra el comunismo imaginario le valió compartir la boleta con la debutante Carolina Losada y ser electo en 2021 senador nacional. Más acá en el tiempo, este mismo año, no logró triunfar en la disputa interna del frente Unidos en la categoría de diputados provinciales, pero arrasó en los departamentos del norte: 9 de julio, Vera, San Javier y el suyo, General Obligado.

Esa es, al menos hoy, la fisonomía sociopolítica de la provincia de Santa Fe y no la romántica idea del pueblo trabajador que lucha contra la oligarquía. Valga otro ejemplo. Carlos del Frade, de elevado pregón mediático contra los directivos de la empresa, sacó 2.295 votos en General Obligado, el departamento de Vicentin. Salió último.

Y acá va un bonus track, aún más revelador. En un comunicado del 21 de septiembre pasado, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de los Departamentos General Obligado y San Javier, SOEAD Reconquista, recordó que la propuesta de la empresa en el marco del concurso “no contemplaba la continuidad y/o estabilidad laboral” del nodo Norte.

“Hicimos hincapié en que se deje expreso por escrito en el expediente de la causa, lo que reunión tras reunión sólo se comprometían en palabra, que era sostener y garantizar la continuidad productiva, y buscar nuevas posibilidades para la planta de la región”, añade el gremio.

Y agrega que “la resolución del Juez entendido en la causa, pone en manifiesto esta falta de propuesta real para con los trabajadores de la región expresado en las siguientes líneas: ‘No contempla un plan de reorganización empresaria que disponga con certeza cuál será el destino de las unidades de negocios y los trabajadores de la ciudad de Avellaneda (Santa Fe), durante el plazo de cumplimiento del acuerdo’”.

Es decir que ni siquiera está clara la permanencia de Vicentin en su lugar de origen. Sin embargo, en el mismo comunicado, el sindicato debió aclarar una situación: “ante las recientes manifestaciones vertidas en los últimos días, de la que fueron partícipes en su gran mayoría familiares y administrativos de la empresa, que poco conocimiento tienen del curso de la causa; nos sentimos en la obligación de denunciar públicamente a una de éstas trabajadoras que expresó que ‘el Sindicato está mojado políticamente por alguien de más arriba’; en la red social de uno de los programas de información más vistos de la región”.

Esa mirada, la de la empleada que cuestiona al gremio, es hoy predominante en la provincia de Santa Fe. Y no sólo en el norte. El sindicato es feo, los empresarios son bellos. El Estado es un ogro, salvo cuando funge de bolsillo de payaso, al que siempre se le saca algo cuando se le mete la mano. La metáfora del clown, valga la acotación al margen, es del buenazo de Luisito Barrionuevo, hoy en emocionante batalla contra la casta.

Todo lo antedicho no supone que se trate de un humor social petrificado. No implica que no sea susceptible de cambios producto de los tiempos o de la acción política y su capacidad transformadora, cuando hay voluntad. Las razones de esta coyuntura exceden a esta columna, pero negar que la realidad hoy tiene estos contornos es más propio de discusiones bizantinas. O vicentinas.