Ya despojada del molesto blablerío republicano, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recordó días atrás los buenos viejos tiempos de Fernando de la Rúa, cuando ella ocupaba la cartera de Trabajo: “La Cámara del Trabajo en el 2000 era insoportable, lo único que había era defensa de intereses particulares. Todos los fallos siempre salían a favor de uno u otro sindicalista, nunca fue una verdadera justicia donde las cosas se analizan con objetividad. Está tomada”.

Lo dijo al referirse a la medida cautelar dictada por la Cámara de Apelaciones del Trabajo que suspende el capítulo laboral del mega DNU del presidente Javier Milei, que entre otras reformas masacra el derecho constitucional a la huelga. La premisa bullrichista parte de la presunción que ese fuera está controlado por la CGT y el estudio de Héctor Recalde.

Es llamativa la queja, dicho sea esto irónicamente, teniendo en cuenta que el gobierno nacional opera diariamente para que sea el fuero Contencioso Administrativo el que atraiga los reclamos judiciales contra el decretazo desregulador en favor de las empresas e hiperregulador para quienes osen protestar contra él. La razón es sencilla: allí moja el pancito el procurador general del Tesoro, el inoxidable Rodolfo Barra.
Nada nuevo bajo el sol, empezando por el mismo Barra, claro. Quien crea que estas maniobras son patrimonio exclusivo de la actualidad nacional no la ve, por usar una frase muy de moda. En la provincia de Santa Fe, el diseño de lo que graciosamente se denomina Justicia tiene varios hitos en su historia democrática.

Tras el fin de la dictadura, se hizo famoso el estudio Cerruti, vinculado a la entonces poderosísima UOM, principal soporte de la llegada a la gobernación de José María Vernet. Desde ese bufete se digitaron buena parte de los nombramientos de jueces provinciales, especialmente del sur santafesino.
Más acá en el tiempo, la sociedad de hecho entre Carlos Reutemann y Horacio Usandizaga diagramó la actual composición de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. La misma cuyos integrantes, o al menos algunos de ellos, aparecen como blanco móvil del gobernador Maximiliano Pullaro.

Menos conocida es la bolsa de trabajo del estudio Superti. Abogados del bufete de Hermes Binner saltaron a la función pública, diseñaron los concursos para la ocupación de cargos en los recién creados Ministerio Público de la Acusación (hoy también en polémico proceso de reforma legislativa, que incluso divide aguas hacia el interior del oficialismo) y el Servicio Público de Defensa, dieron la vuelta al mostrador y se presentaron, exitosamente, para ocupar esas vacantes. El radicalismo aportó lo suyo y, así, decenas de funcionarios políticos del Frente Progresista se transformaron en fiscales, defensores y jerárquicos en general de las estructuras de la Justicia penal santafesina.

¿Todo lo antedicho es un escandalizado reproche con aspiraciones institucionalistas? No, al menos no conceptualmente. Con sólo observar que para la designación de un juez es necesaria la elevación del pliego por parte del presidente o gobernador, según corresponda, para su posterior aprobación o rechazo legislativo da cuenta de que esa elección es un acto eminentemente político. Y no está mal que así sea. De hecho, ocurre en las mejores familias democráticas del mundo.

Lo que sí podría constituir una exigencia ciudadana básica es que los poderes judiciales sean eficientes y eficaces, algo que cualquier persona de a pie puede advertir lejanísimo, y con razón. Del mismo modo también debería ser un presupuesto básico que exista aunque sea algo parecido a un piso del artista antes conocido como igualdad ante la ley.

A propósito, las volcánicas semanas recientes ofrecieron un episodio de singular trascendencia, que quedó naturalmente opacado por la paliza diaria de la economía. El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, declaró: “Los organismos del Estado, la UIF y OA, no son organismos de persecución. No es tarea del Ministerio de Justicia salir a buscar delitos. Acá se desnaturalizaron a los organismos, y terminaron siendo querellante la UIF, la OA y la AFIP”. El rechazo indignado provino de célebres repúblicos como Laura Alonso o María Eugenia Talerico, ex ocupantes de esos organismos, para quienes el encarcelamiento de kirchneristas o razas similares es la razón de sus vidas.

Como ya se ha dicho aquí en reiteradas oportunidades, y a propósito de la fecha festiva, la independencia de la Justicia es como los Reyes Magos. No por sus ofrendas, Dios no lo permita. Sino porque, aleje a los niños de la pantalla, son los padres.