Por Mariano Yakimavicius

El balotaje que tuvo lugar en Colombia el domingo 19 de junio fue histórico por varios motivos. Con un 58 por ciento de participación, fue la elección con más alta concurrencia en más de 20 años. Fue la primera vez en la que ninguna agrupación política tradicional alcanzó la segunda vuelta electoral. Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente procedente de la izquierda popular en la historia del país. Y es la primera vez que una mujer afrodescendiente -Francia Márquez- alcanza un cargo de la magnitud de la vicepresidencia.

Petro

Pese a que la aritmética indicaba que tenía amplias chances de ser derrotado si el electorado de derecha votaba por su contrincante, Petro venció por tres puntos porcentuales a Rodolfo Hernández. La campaña carismática -por momentos demagógica- de Hernández no alcanzó para imponerse al proyecto de reforma profunda representado por Petro. Francia Márquez jugó un rol clave para sumar a sectores históricamente postergados como los afrodescendientes y los pueblos originarios, además de ampliar el espectro de votantes en virtud de su visión feminista y de igualdad de género.

La victoria de Petro, economista y experto en ambiente es tan significativa que es interpretada como parte de un proceso histórico iniciado con la Constitución progresista de 1991, que atravesó complejos procesos paz con las guerrillas y ahora se cristaliza con la presidencia, desde donde se espera revertir la desigualdad y la violencia, dos males que arrastra Colombia.

Durante décadas, el proyecto progresista que esta vez Gustavo Petro supo articular mediante el frente denominado “Pacto Histórico”, no alcanzó suficientes adeptos para ganar la presidencia, entre otras razones porque la mayor participación electoral corresponde a aquellas regiones en las cuales la pobreza y la violencia no se padecen descarnadamente. Esta vez, el candidato logró incrementar la participación en las periferias más pobres del país, en las costas del Caribe y del Pacífico, y convencer además a una gran cantidad de escépticos de que no llevaría a Colombia por el camino de la vecina Venezuela.

El futuro de Colombia

El gobierno que Petro y Márquez iniciarán a partir de agosto podría cambiar sustancialmente el futuro del país. Si se asume que seguirá un programa acorde a las promesas de campaña, el futuro de Colombia podría contemplar a grandes rasgos, lo siguiente.

Una de las primeras decisiones consistiría en suspender la exploración petrolera para iniciar la transición energética. Petro sostiene que el país tiene reservas de petróleo para abastecerse durante 12 años. Esta medida es polémica dado que generaría un impacto notable si se tiene en cuenta que los dividendos que Ecopetrol genera al país son multimillonarios.

El presidente electo plantea un cambio radical del sistema previsional y apunta a que los aportes se realicen de manera obligatoria al sistema público hasta los cuatro salarios mínimos. A partir de ese monto hacia arriba, se podrá aportar a los fondos privados.

Adicionalmente, anunció que tomará parte del flujo de dinero aportado a los fondos privados para entregar un bono a los adultos mayores que no lleguen a jubilarse.

Petro también aspira a reformar el sistema de salud e implementar un modelo único, sin regímenes contributivo y subsidiado, y que sea financiado por impuestos progresivos y cotizaciones equitativas. Buscará un modelo de salud integral que priorice la promoción y la prevención. Esto es similar a lo que implementó en algunas localidades cuando fue alcalde de Bogotá, en las que el médico iba a los barrios y a las casas. La idea es que la atención primaria recaiga principalmente en la red pública de salud y para las intervenciones de mayor complejidad se involucre a los privados.

Una de las promesas que más expectativa despierta es la del “desmantelamiento pacífico” del narcotráfico, que consistiría en “procesos jurídicos de sometimiento colectivo a la justicia” de los grupos criminales, algo que implica beneficios jurídicos a cambio de la no repetición de la actividad narcotraficante. Como parte de este propósito, Petro estaría dispuesto a que se revisara la figura de la extradición con los Estados Unidos.

Otra de las prioridades del nuevo gobierno será la implementación de una reforma tributaria que le permita recaudar más de 12 mil millones de dólares adicionales al año.

Para lograrlo, espera acabar con buena parte de las exenciones tributarias que hay en el país y que sumarían cerca del 3,5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) anual.

También podrían aumentarse los impuestos a los dividendos, que son las ganancias o beneficios que una compañía reparte entre sus accionistas. Los economistas más conservadores afirman que, de prosperar estos proyectos, podrían espantar la inversión
extranjera, generar una estampida de capitales, disparar el dólar y generar desempleo.

En materia de desarrollo social Petro anunció un paquete de medidas que contempla, por ejemplo, otorgar el equivalente a 125 dólares mensuales a un millón de mujeres madres jefas de hogar con hijos en la primera infancia. Planteó mejorar los créditos de acceso a la vivienda e inclusive, impulsar la legalización de los barrios que las familias han autogestionado. Pero uno de los programas más ambiciosos y novedosos es en el que señala que el Estado será empleador de última instancia de las personas que no encuentren trabajo en las empresas privadas y públicas, a las que se les pagaría un salario mínimo por sus labores en obras cerca de sus casas. Aún no está claro el costo que eso tendría para el fisco.

Sin duda, uno de los pilares del nuevo gobierno será la protección del ambiente y la lucha contra el cambio climático. Petro y Márquez apuntan a desarrollar el Sistema Nacional Ambiental en defensa de la vida, con el que se buscará incorporar a diferentes sectores de la sociedad en la planificación y las decisiones ambientales y la diversidad cultural.

También se esperan avances sustanciales en la distribución de la tierra, los métodos de explotación ganadera, impulso a la energía solar y a las fuentes renovables basadas en los potenciales disponibles en cada región del país.

En lo que se refiere a la política exterior, el cambio más drástico que se espera es el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro. La intención es lograr, en el mediano plazo, la apertura total de la frontera con Venezuela. No está claro aún qué sucederá con la protección que brinda la gestión de Maduro a los grupos que delinquen en Colombia y que, de inmediato, cruzan la frontera. Tampoco está suficientemente claro cómo impactará ésta medida en la relación bilateral con los Estados Unidos, aunque a priori se percibe receptividad por parte del gobierno de Joe Biden.

Obstáculos

Lejos de tener el camino allanado para implementar su programa de gobierno, Gustavo Petro enfrentará una de las más duras oposiciones en el Congreso de las que se tenga registro. Las elecciones dejaron a los sectores de centroderecha con una cantidad de legisladores suficientes para obstaculizar el despliegue de las normas que Petro requerirá.

A su vez, el centroderecha tradicional deberá evaluar cuidadosamente si trabar la gestión del nuevo gobierno no podría costarle nuevos reveses electorales que lo condenaran a la irrelevancia.

La dirigencia política clásica no será el único sector cuya resistencia deberá enfrentar el presidente electo. Algunas instituciones tradicionales e insoslayables para el sistema democrático prometen ser un hueso duro de roer. Tal es el caso de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría y la Fiscalía General, instituciones con las cuales Petro se ha enfrentado en el pasado reciente.

Los sectores conservadores y tradicionalistas de la vida política y social colombiana temen por sobre todo dos cosas: que Petro se perpetúe en el poder -como ha sucedido con otros líderes progresistas latinoamericanos- y que modifique la Constitución Nacional.

Respecto del primer punto, Petro dejó saber que se necesitan tres gobiernos para implementar las propuestas del Pacto Histórico, pero que él sólo apunta a completar su mandato que no tiene posibilidad de reelección en Colombia. En cuanto al segundo temor, la Constitución de 1991 es progresista y garantista. En tal sentido, cambiarla podría suponer un peligro y hasta un retroceso. A diferencia de otros países latinoamericanos donde se constituyeron gobiernos progresistas que tenían las manos atadas por textos constitucionales conservadores, en Colombia no sucede lo mismo.

Más que nunca el futuro de Colombia está en manos de la capacidad de Gustavo Petro de implementar reformas sustantivas con firmeza y, al mismo tiempo, con moderación.