La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció este lunes la suspensión de 154.441 beneficiarios del programa potenciar trabajo, que no realizaron la validación de datos correspondientes para seguir percibiendo el ingreso. Desde distintas organizaciones sociales manifestaron su malestar por la decisión y anticiparon un plan de lucha como respuesta.

Al evaluar los resultados de la auditoría sobre el Potenciar Trabajo, la ministra consideró que el relevamiento sacó a la luz gran cantidad de información que servirá para "direccionar el esfuerzo del Estado" con mayor precisión. La suspensión para ese universo de personas implicará un recorte del 50% del beneficio cuando cobren en febrero, aunque si verifican sus datos podrán acceder nuevamente a la totalidad del beneficio, que en marzo llegará a 33.871 pesos.

Esas 154.441 personas representan al 11% de la población relevada y podrían sumarse a las 2.243 titulares (menos del 0,3% de los destinatarios) que sufrieron en diciembre la baja del sistema por haber adquirido dólares ahorro y consumos en dólares con tarjeta de crédito.

Tolosa Paz apuntó que el "impacto fiscal de suspender 154 mil beneficiarios es de algo más de 2.500 millones de pesos", pero remarcó que todavía pueden revertir esa situación quienes hayan tenido "dificultades geográficas" para validar sus datos y, como ejemplo, mencionó a personas que viven en "El Impenetrable Chaqueño o El Sausalito"

Del relevamiento se desprende que 1.210.571 titulares son personas a las que les corresponde legítimamente percibir el Potenciar Trabajo, no solo porque validaron su identidad, sino por su situación patrimonial, la ausencia de bienes registrables a su nombre y que no realizaron operaciones de moneda extranjera, entre otros datos obtenidos.

La noticia no tardó en generar revuelo entre dirigentes sociales que salieron al cruce. El secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, consideró que "hay una política de estigmatización constante" por parte de algunos sectores hacia a los beneficiarios de los planes sociales, y afirmó que quienes están incluidos en el programa Potenciar Trabajo "tienen dos instancias más" para validar sus datos.

"Hay una política de estigmatización del sector constante. No hay la misma vocación de control para controlar a las empresas de litio, que a los sectores populares. Es histórica la estigmatización. Ahora se abre un período en el cual si los compañeros pueden hacer el trámite para que se los vuelva a dar de alta, por eso se les avisa con un descuento del 50%" sostuvo el dirigente social en declaraciones radiales.

Por su parte, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, se refirió al anuncio y deslizó: “Confirma nuestras denuncias de ajuste sobre el gasto social y los más vulnerables”. A su vez, consideró que el sistema de validación es "poco viable" para las personas en situación de pobreza que no tienen celular o viven en zonas con mala o nula conectividad.

A partir de esta situación, Belliboni confirmó que las organizaciones nucleadas en Unidad Piquetera se reunirán para definir un “plan de lucha” a nivel nacional, que tendría lugar la semana próxima. Por otra parte, adelantó que pedirá una reunión al Ministerio de Desarrollo Social para que dé marcha atrás con la medida.

Datos del relevamiento

De la información relevada por el Ministerio de Desarrollo Social, se desprende que el 39,1% de quienes perciben el Plan Potenciar Trabajo tienen entre 18 y 29 años, el 29,5% entre 30 y 39 años, el 19,8% entre 40 y 49 años y el 11,5% restante son mayores de 50 años.

De este total, el 65,7% son mujeres, de las cuales el 59% tienen hijos o hijas menores de 18 años.

En relación con el mercado laboral, más de 1.150.000 personas indicaron que están interesadas en iniciar o continuar su formación, lo que representa un 86,8% de quienes completaron sus datos.

Respecto al nivel educativo, el relevamiento mostró que más de 736 mil personas no finalizaron sus estudios primarios o secundarios. Sin embargo, el 79,2% afirmó que quiere continuar su trayectoria educativa, incluyendo a quienes desean finalizar sus estudios terciarios y universitarios.