Un ex ministro del Frente Progresista le dio la personería a Grávida

Por Gustavo Castro

El 21 de enero de 2015, el entonces Inspector General de Personas Jurídicas de la provincia, Ricardo Silberstein, firmó la resolución Nº 45 que dispuso “autorizar el funcionamiento como Persona Jurídica de la entidad denominada ‘Asociación Civil Personería Amigos de Grávida’, con domicilio en la ciudad de Santa Fe”. El documento, al que tuvo acceso Santa Fe Plus, argumenta que en “la inspección” del expediente iniciado el año anterior por la ONG antiabortista “efectuada por el Departamento Asociaciones Civiles y Fundaciones se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos legales” y que “esta Inspección General es competente para autorizar el funcionamiento de la entidad y aprobar sus estatutos”.

“Amigos de Grávida” es el nombre formal de la institución que interfirió semanas atrás en la práctica de una Interrupción Legal del Embarazo de una niña de 12 años que había sido abusada por su padre biológico. Este episodio, que tuvo amplia repercusión nacional, derivó en una medida de excepción por parte de la secretaría de Niñez de la provincia para garantizar el cumplimiento de los derechos de la víctima y una posterior denuncia penal del gobierno santafesino.

Tal como informó Santa Fe Plus, no es la primera vez que Grávida interviene en un caso así. En 2015, también lo hicieron ante la violación que había sufrido una nena de 12 años con discapacidad intelectual. La nena señaló a su padrastro como el violador. La madre y la nena pidieron que se realizara un aborto, amparadas en el artículo 86 del Código Penal, ya que la gestación era producto de una violación a una niña con discapacidad y ponía en riesgo su salud. En el Hospital Iturraspe fue abordada por la psicóloga María Belén Catalano, que no trabajaba allí pero militaba para Grávida. La convenció de no seguir adelante con el aborto, firmar el acta voluntaria para continuar con el embarazo y para reunirse con Perizzotti”.

Ese hecho ocurrió el 31 de mayo de 2015. Es decir, apenas 4 meses luego de recibir la personería jurídica. Según destacó la actual ministra de Género, Florencia Marinaro, aquel suceso no fue denunciado judicialmente por el gobierno de entonces. Hasta donde se sabe, tampoco mereció una revisión por parte de la Inspección General del Personas Jurídicas, que recientemente había habilitado su funcionamiento.

Este es un dato clave para observar el devenir del caso. Para que una institución pierda su personería se debe haber apartado de su objeto social o haberse invocado su nombre por parte de sus integrantes para cometer un delito. La actuación judicial a partir de la denuncia oficial será, en consecuencia, decisiva también en este plano.

En la resolución del Silberstein también se determina “aprobar los textos de los estatutos” de Amigos de Grávida, que tienen sus particularidades. Según esos documentos, a los cuales también accedió Santa Fe Plus, el acta constitutiva es del 26 de agosto de 2014. Cinco meses después ya saldría la personería. La firman Ingrid Paul, Daniela Salomé Herrera, Alejandra Maricel Cruz Escobar, Emilio Perizzotti, Liliana Norma Frutos, Tomás Manuel Wernly, Santiago Andrés Vigo, todos con domicilio en la ciudad de Santa Fe, al igual que la asociación. Aún así, se deja en claro que se podrá “establecer delegaciones y/o filiales en cualquier punto de la provincia y/o el país”.

El objeto de la asociación: “cooperar materialmente con las actividades que, bajo la denominación "Grávida Centro de Asistencia a la Vida Naciente" (en adelante Grávida) desarrollen fieles de la Iglesia Católica Apostólica Romana, respetando la doctrina y preceptos de ésta, para la asistencia y defensa de la vida naciente y la mujer en conflicto con su embarazo, como asimismo a la mujer que hubiese abortado”.

Entre las actividades previstas por el estatuto aparecen situaciones tradicionales de las asociaciones civiles, como “administrar aportes individuales y colectivos, de todo tipo de recursos y ponerlos oportunamente a disposición de Grávida”, “administrar bienes que se le confíen con destino a las actividades de Grávida, y generar fuentes de ingresos para el sostenimiento de las mismas” y “organizar eventos para recaudación de fondos”.

Hay otras que son más reveladoras del objetivo de esta ONG: “sostener económicamente actividades que tiendan a defender y propiciar la continuidad del vínculo natural entre madre e hijo, la prevención de embarazos no esperados, el apoyo y la asistencia integral a las madres y la familia, y la consolidación y fortalecimiento del vínculo madre-hijo”, “contratar servicios de profesionales del arte de curar para la atención integral de la madre y el niño por nacer”, “ofrecer planes de Responsabilidad Social Empresaria destinados a fortalecer la unidad familiar y a prevenir o sanar los conflictos entre la madre y su hijo por nacer”.

Incluso en las previsiones para una eventual disolución de la entidad, las cosas están claras: “Una vez satisfechas las deudas sociales, el remanente de los bienes se destinará a la Arquidiócesis de Santa Fe (o la representación que la Iglesia Católica Apostólica Romana tenga en la ciudad de Santa Fe), o a la entidad sin fines de lucro con personería jurídica que su titular indique, y que hubiera sido reconocida como entidad exenta impositivamente en el Impuesto a las Ganancias, habiendo obtenido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el respectivo reconocimiento. De no ser ello posible, se destinarán a un Organismo Nacional, Provincial o Municipal que decida la Asamblea que resolvió la disolución”.

Como ya se indicó, ninguno de estos aspectos mereció objeciones por parte de Silberstein. Ni tampoco el propio funcionario, que de hecho continuó en el cargo hasta el final del gobierno de Antonio Bonfatti y posteriormente fue designado por Miguel Lifschitz como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Anteriomente había sido decano de la Facultad de Derecho de Rosario y en 2007, con el respaldo del Frente Progresista, estuvo a un paso de ser rector de la UNR: perdió en una votación apretadísima con el radical no frentista Darío Maiorana. En una de sus últimas apariciones públicas acompañó a Maximiliano Pullaro en su declaración judicial en la causa del narco Alvarado y, tiempo después, compartió una charla con su ex colega de gabinete sobre “El rol de la Justicia en la construcción de la seguridad”.

Varios de los ex compañeros de gestión de Silberstein salieron rápidamente a criticar la acción del actual gobierno provincial en el caso de la niña de 12 años abusada por su padre. Uno de los más activos fue el viceministro de Seguridad de Bonfatti, Matías Drivet, a posteriori designado juez penal de Rafaela, justamente cuando el ex Inspector General de personas Jurídicas era ministro de Justicia.

Desde su cuenta de Twitter fustigó a la secretaria de Niñez, Patricia Chialvo, por haber tenido de asesor a Raúl Dalla Fontana, el médico de Grávida, cuando era diputada: “No se garantizó atención oportuna y eficaz. Intervinieron terceros. No hay novedades de sumario administrativo. Y ahora se cuentan sus intimidades dando pormenores del caso... Se están cubriendo todos los casilleros de lo que no había que hacer. Gravísimo”.

Y luego, a propósito de un hilo de tweets de Marinaro, escribió “He aquí un hilo con una mejor explicación, otro léxico. Siguen quedando grises: cómo intervino Grávida? Hay sumario adm? Hay decisiones sobre el funcionamiento de esta asociación? Tiene vínculos con el Estado? No sería prudente revisar cómo se comunica?”

El antecedente que en esta nota se revela permite subrayar el valor de la prudencia.