Leo Ricciardino

Cuando el miércoles se den a conocer las cifras oficiales del intercambio entre exportaciones e importaciones, los números serán contundentes. Según lo adelantado por distintos analistas, Argentina gastó en compra de energía en junio, 1.240 millones de dólares más que el mismo mes del año anterior. La salida de la pandemia y el crecimiento de la actividad económica explican parte del incremento, pero la principal incidencia es la que marcó esta semana el presidente del Banco Central Miguel Pesce: en comparación con 2021, el precio internacional de los insumos energéticos creció en un 200%. Por eso el funcionario cree que no se trata de un problema estructural sino de transición del país que ya no tendrá que comprar afuera tanta energía cuando se termine el gasoducto “Néstor Kirchner” y los rindes de Vaca Muerta sean otros. Pero hoy la coyuntura invernal indica que por lo menos hasta agosto, se registrarán en los hogares los mayores niveles de consumo.

"Estamos importando alrededor de 2.000 millones de dólares de energía al mes y el total de importaciones es de 8.000 millones de dólares. Si no tuviéramos que importar energía las importaciones estarían en el orden de los 6.000 millones, que es una cifra perfectamente manejable con este nivel de exportaciones", aseguró Pesce, quien proyectó para 2022 un volumen de exportaciones de 90.000 millones de dólares.

La ministra de Economía Silvina Batakis pidió el apoyo de los gobernadores que el jefe de Gabinete Juan Manzur, le acercará con una convocatoria para las próximas horas. No es alentador lo que allí escucharán los mandatarios provinciales: El equilibrio fiscal que la flamante funcionaria proclamó en su primera semana se hiperactividad, demanda que se vean afectadas también las transferencias para las provincias. Por eso el gobernador santafesino fue rápido a entrevistarse con Manzur y con el ministro de Desarrollo Productivo Daniel Scioli al que logró sacarle la promesa de una ayuda de 2.500 millones de pesos para las pymes santafesinas, antes de que empiecen los recortes.

Tijeretazos que alcanzarán además a las empresas públicas y a los ministerios en los que hay gran convulsión por lo que se viene. En ese marco todos patean en el suelo al ex ministro Martín Guzmán al que acusan de haber perdido el control del gasto público. Los pocos adherentes que quedan al renunciado funcionario marcan una contradicción: “Pensar que antes nos acusaban de sentarnos arriba de los recursos y ahora nos señalan por despilfarro”, sostienen en los pasillos.

La inversión social que acapara casi el 60% del Presupuesto no se verá afectada: Las jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), los Potenciar Trabajo están normados, mensualizados, bancarizados y seguirán vigentes. Pero la inflación está devorando esas ayudas y por eso las calles están cada vez más pobladas de manifestaciones que reclaman. Protestas a las que se sumarán los trabajadores agremiados y nucleados en las centrales sindicales que ya le pusieron fecha a las marchas.

Los ataques contra el dólar, las maniobras especulativas de los dueños del poder económico se disfrazan con argumentos. Pero en realidad van en pos de una devaluación feroz. Los argentinos, que conocen la incertidumbre de los “lunes negros”, son asimismo expertos en las consecuencias de las devaluaciones. Dilución de los salarios reales, aumentos de precios siderales, mayor concentración de la riqueza. “Rejunado el repertorio de ganadores y perdedores”; como dijo el periodista político de Página/12 Mario Wainfeld.

Ante este panorama, la directora de la consultora Eco Go, Marina Dal Poggetto aseguró en un reportaje que "con estos niveles de inflación y nominalidad no hay más debate: es shock sí o sí. No se llega a 2023 sin hacer nada", afirmó. La consultora sostiene que no hay quién financie el gradualismo pero afirma que el gobierno no tiene margen para avanzar con un ajuste de shock -que traerá nuevos padecimientos sociales- sin un apoyo amplio que incluya a sectores de la oposición.