El bochorno de Vicentin tiene un nuevo capítulo. La justicia federal detectó que habría tenido entre 2016 y 2019 una usina de comprobantes apócrifos para generar facturas truchas de proveedores que no existían y así cobrarle al Estado reintegros por exportaciones que no se hacían. Esta será la acusación que a partir de este martes hará el fiscal Roberto Salum ante el juez Mario Alurralde, que decidió llamar a indagatoria.

Al dato sobre las audiencias contra Vicentin basadas en las denuncias que inició AFIP por falsificación de facturas por parte de la empresa lo dio a conocer la Comisión Investigadora que se creó en la Legislatura provincial para atender lo vinculado a la firma del norte santafesino en una conferencia de prensa que sus integrantes brindaron en Rosario este lunes detallaron que hubo una reunión por este tema con el juez que entiende en la causa y anticiparon que se espera que la imputación finalice a fines de febrero. Lo que se inician este martes son las indagatorias. 

La documentación que recopiló AFIP y que tiene la Justicia federal va del año 2016 a 2019, "por un monto de 140 millones de pesos, que en su momento eran 50 millones de dólares", recordó el diputado Luis Rubeo, que señaló que se violó la Ley Penal Tributaria. 

En la denuncia del organismo fiscal, se planteó que  "las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería".

Carlos Del Frade, otro de los integrantes de la mencionada Comisión, señaló que el proceso de facturación presuntamente trucha de Vicentin "coincide con el mayor proceso de crecimiento de la empresa, cuando 2018 pasa a ser la sexta empresa que más factura en el país y y termina siendo la primera exportadora".

Todo esto pasaba durante la gestión de gobierno de Mauricio Macri. Cabe recordar que a fines de 2019 y antes de la salida de Juntos por el Cambio de la Casa Rosada, el Banco Nación otorgó a Vicentin importantes sumas en créditos que luego no pudo devolver, exhibiendo en forma fraudulenta balances que mostraban una realidad de la firma que ya no era tal, cuando ya estaba a punto de declararse en default.

La denuncia penal de AFIP se presentó en agosto de 2020 ante el juzgado federal de Reconquista, por "aprovechamiento indebido de beneficios fiscales". La Comisión Investigadora está presidida por el peronista Luis Rubeo y también es parte de la misma el legislador Fabián Palo Oliver. De encontrarse culpables a los directivos de Vicentin en esa nueva causa, el delito investigado tiene prisión de cumplimiento efectivo, porque la Ley Penal Tributaria prevé condenas de tres años y medio a nueve de prisión. "El agravante en este caso es la participación de tres o más personas, que elevaría el mínimo de una eventual condena a un mínimo de cuatro años de prisión", anticipó hace poco el fiscal Salum.