La causa judicial por estafas en la que fueron imputados 14 directivos de Vicentin sigue arrojando puntas sobre las cuáles investigar. En este caso, una serie de escuchas telefónicas entre el presidente de la firma, Omar Scarel, y su abogado, Sergio Pavicih. La conversación giró en torno a un consejo: cómo justificar 200.000 dólares. Más precisamente, "200 mil verdes", como los mencionó Scarel.

Este es el diálogo textual entre ambos:

- Scarel: Yo tengo a mi hijo con el tema de la caja de seguridad ¿Cómo ves el tema de la caja de seguridad?

 - Pavicich: Y, si vos no tenés nada raro adentro yo te diría que le metas para adelante, que le hagas un pedido al fiscal.

 - Scarel: Sí, pero lo que pasa es plata, ese es el tema.

 - Pavicich: ¿Y qué origen tiene?

 - Scarel: Qué se yo.

 - Pavicich: ¿Es mucha?

 - Scarel: Son 200 más o menos, verdes.

- Pavicich: Y sí, porque es fiscal y porque el lavado es delito de orden público; y si vos no tenés respaldo de esa guita lamentablemente te tengo que decir que te la van a secuestrar.

- Scarel:: ¿Y qué respaldo podría tener?

Pavicich: Un contrato de compra venta por el supuesto precio que vos cobraste o una seña que vos recibiste.

- Scarel:: ¿Y podría ser por ejemplo una certificación contable de fondos de la empresa?

Pavicich: Eso no acredita el origen. Tiene que haber algo en blanco. Tendrías que tener algún documento que respalde en fecha cercana al último acceso a la caja el ingreso de los fondos. Si vos entraste por última vez, ponele el 20 de noviembre, el 15 de noviembre tendrías que tener algo que acredite por lo menos parcialmente la existencia de esos fondos ahí, como para que cuando te pregunten vos puedas decir: bueno yo los cobré en tal operación, fui a los tres días a la caja y los deposité ahí por tema de seguridad.

El diálogo tuvo lugar en diciembre de 2020, justo después de un allanamiento en el marco de la investigación penal contra Vicentin. En aquella ocasión, incluyó la interdicción de una caja fuerte de la familia Scarel. Eso provocó el temor de que la justicia abriera la caja y Scarel no pudiera justificar el monto. Por eso llama a su abogado y le pide asesoramiento ignorando que, a esa altura, su teléfono ya estaba intervenido.

Lo llamativo es que luego, en la causa, el fiscal Miguel Moreno constató la existencia de un certificado con la rúbrica de Carlos Vaudagna, haciéndose cargo del dinero, porque "lo había dejado como parte de operaciones con Remax", la franquicia de la inmobiliaria que tenía el hijo de Scarel.

Vaudagna estuvo durante muchos años al frente de la delegación Santa Fe la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con influencia sobre el norte provincial, donde tiene su sede Vicentin. Luego, ya con Mauricio Macri como presidente, lejos de ser removido, fue designado como director de la Región Rosario de la Afip, cargo que ocupó hasta principios de 2020.

En la causa, la abogada querellante por el Grupo Grassi, Viviana Cosetino, hizo mención al tema con claridad: “Si un síndico de Vicentin tiene la influencia para recurrir a un exdirector regional de la AFIP para que le justifique la escasa suma de 200 mil dólares, que Scarel no podía justificar, mejor no imaginar las otras cosas que pueden haber hecho o estar haciendo para entorpecer el proceso”.