Las garras del Cóndor en la UNL
Archivos que fueron encontrados en La Plata demuestran cómo las universidades se informaban entre sí sobre las actividades de sus alumnos. Una discusión con un profesor, copiar un trabajo práctico o sacar un libro “marxista” de la biblioteca podía derivar en la exclusión del sistema educativo. La militancia era una condena: seis jóvenes de la JUP expulsados de la UNL fueron asesinados por la dictadura.
Por Nicolás Lovaisa
Un golpe en la mesa expresando la bronca por haber rendido mal la última materia de la carrera. Un plagio en un trabajo práctico. Una libreta adulterada. Una palabra subida de tono en medio de una discusión con un profesor. Situaciones que alcanzaban para estar marcados por la última dictadura militar, según documentos que fueron hallados en la Universidad Nacional de La Plata hace unos años, y que demuestran la existencia de una suerte de "Plan Cóndor" universitario.
No se trata de una exageración: el menor acto de indisciplina alcanzaba para que todas las universidades del país se mantuvieran informadas entre sí del comportamiento de sus alumnos. Un circuito represivo que involucró a todas las casas de altos estudios de la Argentina durante la última dictadura cívico militar. En los archivos hay alumnos y alumnas con un acta disciplinaria en manos de la dictadura por haber cuestionado la nota de un examen.
“El sistema universitario tenía una organización clara. Cuando un alumno era expulsado o suspendido de cualquier facultad del país se informaba de esa medida al rectorado, y el rectorado a su vez ponía al tanto a todas las universidades de la Argentina, por lo que un estudiante expulsado o sancionado en una universidad no podía ingresar en ninguna otra”, afirmó Gustavo González, titular del Centro de Investigación y Capacitación en Estudios de Opinión Pública (CICEOP), quien encontró los archivos.
“Estamos seguros de que es posible encontrar archivos en otras partes del país. Así como estuvo el Plan Cóndor, acá funcionó un Plan Cóndor Universitario que se dedicó a perseguir alumnos, docentes y no docentes en todas las universidades del país”, agregó.
La Universidad Nacional del Litoral fue parte de ese engranaje: sancionó y echó a decenas de estudiantes que luego sufrieron años de cárcel, fueron asesinados o continúan desaparecidos. Esa información no sólo era girada a las demás universidades sino que también quedaba bajo la órbita de las fuerzas represivas a lo largo y ancho del país.
Destinos marcados
El “marco legal” que la dictadura pretendió darle a la cacería que había desatado tuvo su correlato en las aulas argentinas a través de la Ley 21.276, del 29 de marzo de 1976, sólo cinco días después del golpe. Bajo el título “Disposiciones de emergencia para las universidades”, el artículo 7 decía textualmente: “Queda prohibido, en el recinto de las Universidades, toda actividad que asuma formas de adoctrinamiento, propaganda proselitismo o agitación de carácter político o gremial, docente, estudiantil o no docente”.
Además, dejaba en claro en su artículo 12 que era “incompatible con el ejercicio de la docencia universitaria o funciones académicas que les sean correlativas, todas aquellas actividades que se aparten del propósito y objetivos básicos fijados por el proceso de Reorganización Nacional”.
El 18 de mayo de 1976 la UNL tomó una determinación que probablemente haya marcado varios destinos: la expulsión de 30 alumnos que ya habían sido echados de las facultades de Ciencias Económicas y Ciencias Jurídicas y Sociales en distintos momentos del año 1975, todos pertenecientes a la Juventud Universitaria Peronista. Seis de ellos fueron secuestrados con posterioridad: Ernesto Luis Duarte fue asesinado, mientras que Rosa Raquel Alvira, María Rosa Baronio, Horacio Arístides Martínez, Carmen Liliana Nahs y Jorge Alberto Torrent están desaparecidos.
Los otros “marcados” fueron Danilo Luis Francisco Montti, Néstor Santiago Rubén (Ciencias Económicas), Alejandro Monti, Jorge Alberto Kerz, Jorge Daniel Pedraza, Héctor Ramón Rodríguez, Adalberto Juan Ramón Colobig, Luis Francisco Larpin, Raúl Patricio Mansilla, Alba Vilma Alvira, Roberto Guillermo Lugli, Miguel Alfredo Galantini, Silvia Graciela Ostertag, Humberto Ramón Roca, Orlando Antonio Barquín, Ángel Raúl Cortes, Eduardo Alberto Gómez Gálvez, Oscar Roberto Figueredo, Jesús Félix Llorente, Alberto José Ramón Menardi, Juan Antonio Boglione, Alberto José Horacio Del Río, Néstor José Domingo Arnolfo y Alberto Enrique Hipperdinger (Ciencias Jurídicas y Sociales). Muchos de ellos pasaron años presos.
La expulsión estaba motivada por conductas “en contra del principio de autoridad y de elementales normas de respeto”, por “provocar desórdenes” y un “accionar disolvente”. Por este comportamiento eran considerados “elementos disociadores o factores reales o potenciales de perturbación del proceso de desarrollo”.
La nota, firmada por el secretario Jorge Ramírez y el interventor militar, coronel José Hipólito Núñez, fue recibida por la Facultad de Periodismo de La Plata el 24 de junio de 1976 y allí se especifica que la medida debe comunicarse a “la Subsecretaría de Asuntos Universitarios del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y a todas las Universidades Nacionales”.
Jorge Pedraza estuvo detenido entre 1975 y 1983. “En el ´75 la represión venía recrudeciendo. En marzo de ese año hicimos un cartel inmenso contra Isabel y López Rega. Vino el decano y dio la orden de sacarlo. Nos opusimos, vinieron los celadores y hubo un altercado”, recordó.
Otro de los estudiantes expulsados, Orlando Barquín (preso entre 1975 y 1983), precisó que “en ese año, al recrudecer la represión a las organizaciones populares dentro de las universidades, pusieron celadores”. “La facultad estaba cerrada, nos pedían documentos para ingresar o directamente no nos permitían entrar. No nos dejaban reunirnos, pero lo hacíamos igual. En uno de esos actos vino el Secretario Académico, Raúl Miretti, a increparnos. Se armó una pelea y nos detuvieron”, agregó.
Para Luis Larpín, quien también estuvo detenido entre 1975 y 1983, aquella sanción de la UNL tuvo incidencia en la posterior suerte de los expulsados: “Esa sanción se la comunicaban a los servicios. Se convertía en un antecedente para que los servicios hagan lo que quieran. En el caso de una detención por averiguación de antecedentes, por ejemplo, enseguida encontraban que la universidad te había suspendido por ser un factor de perturbación”.
“Yo estaba en el centro de estudiantes, junto con (Juan Ramón) Colobig. Patricio Mansilla era consejero y (Jorge Alberto) Kerz estaba en la Federación Universitaria. Todos éramos representantes de la Juventud Universitaria Peronista”, detalló.
La fecha en la que la UNL tomó la determinación de sancionar a ese grupo de alumnos demuestra el grado de cinismo de la represión: en algunos casos fueron expulsados cuando ya llevaban meses encarcelados. “Esa sanción implicaba que quedabas completamente excluido del sistema universitario. Ninguna universidad del país podía aceptarte como alumno, por lo que tu vida de estudiante terminaba ahí”, expresó Gustavo González, del CICEOP.
Esa situación la vivió en carne propia María Graciela Abdolatif. En julio de 1976 le faltaban 9 materias para recibirse de abogada. El 18 de ese mes la fueron a buscar a su casa: la metieron en un auto y la secuestraron. “Colaborá, dale. Sabemos quién sos”, le dijo un hombre sentado frente a ella. La sometieron a un simulacro de fusilamiento. Horas después la liberaron. El 21 la UNL decidió expulsarla por haber “participado en actos y hechos ajenos al quehacer universitario” que ponían en peligro la “seguridad nacional”. La decisión se fundamentaba en la “erradicación de la subversión y las causas que favorecen su existencia”.
Nadie le comunicó que ya no era alumna, por lo que fue a rendir. “El profesor me dijo que yo ya no pertenecía a la facultad y yo le discutía que sí, que ahí tenía mi libreta. Me habían echado pero no me habían comunicado nada. Fui a inscribirme a la Universidad Católica, pero ahí me contestaron que yo no podía ser alumna de esa universidad. Estuve a punto de irme a Rosario, pero me frenaron mis amigos. Así que me puse a trabajar”, detalló.
“Me vine a Misiones en 1978. Cuando volvió la democracia pedí que me dejaran terminar la carrera. En una resolución con fecha del 16 de enero de 1984 dejaron sin efecto la sanción. Lo increíble es que en esa resolución dicen que me reincorporan por no haber sufrido detención alguna, ni haber sido demorada por fuerzas de seguridad, ni imputada por delito alguno”, afirmó Graciela, que está al frente de la Defensoría Oficial de Instrucción y en lo Correccional y de Menores Nro. 2 de la ciudad misionera de Oberá.
“El grado de control era tal que encontramos requerimientos de comisarías exigiéndole a las autoridades que remitieran informes sobre los libros que los alumnos sacaban de la biblioteca. Así que si vos ibas y pedías un libro de Marx, quedabas fichado como marxista. No son casos aislados ni anecdóticos: esto da cuenta de un sistema que se extendió a todo el país. Es posible encontrar más de estos archivos en otras universidades”, enfatizó Gustavo González.