Tres exdirigentes del Club Atlético Colón fueron condenados por la coautoría del delito de administración fraudulenta. Se trata del exsecretario general, Marcelo Eduardo Maglianesi; el extesorero, Carlos Alberto Marín y el exsíndico, Osvaldo Oscar Pradolini.

Los tres exdirigentes de la institución fueron condenados a dos años de prisión de ejecución condicional cada uno. Las penas fueron resueltas en el marco de tres juicios en los que se abreviaron los procedimientos, que se desarrollaron en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La investigación se inició en 2013 a partir de una denuncia radicada por José Luis Isaía, quien fue síndico del club. La fiscal que dirigió las actuaciones investigativas fue Mariela Jiménez, quien en 2022 accedió a su jubilación. Por tal motivo, desde el año pasado, los fiscales Federico Grimberg y Bárbara Ilera se hicieron cargo del legajo y también representaron al MPA en las audiencias.

Perjuicio a la institución

“Los tres condenados defraudaron económicamente a Colón entre 2006 y 2013”, sostuvieron Grimberg e Ilera en la audiencia. “Perjudicaron los intereses, la administración y el cuidado de los bienes de la institución que se les había confiado”, señalaron los fiscales y agregaron que “causaron daños y obtuvieron lucro indebido para ellos o para otras personas”.

Los funcionarios del MPA argumentaron que “los tres condenados actuaron con violación de los deberes a su cargo y uso abusivo de los poderes y autoridad del cargo que ostentó cada uno de ellos entre 2006 y 2013”.

En relación al accionar delictivo de Maglianesi –de 60 años– y Marín –de 78 años–, los fiscales precisaron que “autorizaron el pago de 1.300 dólares mensuales por la locación de un departamento en Puerto Madero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); durante dos años (entre 2011 y 2013) percibieron dinero del club en concepto de gastos de representación, movilidad y viáticos; refrendaron con sus firmas el libramiento de 496 cheques sin fondos; libraron cheques a favor de un tercero sin justificación o contraprestación, y con esa misma persona, negociaron cheques (entre ellos, de la Asociación del Fútbol Argentino) por los que recibieron entre 20% y 23% menos del valor nominal de los instrumentos”.

Grimberg e Ilera hicieron hincapié en que los condenados también “aprobaron el libramiento de un cheque para la compra de un microscopio binocular y utilizaron telefonía celular que pagó la institución sin la aprobación de la Comisión Directiva”.

Los funcionarios del MPA añadieron que, “en su condición de tesorero del club, Marín también autorizó la compra de cuatro mil litros de gas oil (transacción de la cual se comprobó que la factura era apócrifa), y el pago a una empresa de Buenos Aires de servicios de información estadística, pero que no brindó prestación alguna al club. Asimismo, omitió u ocultó un ajuste de caja de ejercicios anteriores a 2013 y lo registró en el ejercicio contable que cerró en septiembre de 2013”.

“En relación a Pradolini –de 72 años–, su participación en la defraudación económica a la institución fue entre 2010 y 2013 a partir del incumplimiento deliberado de la fiscalización, control y verificación contable, patrimonial y financiera”, señalaron Grimberg e Ilera.

Vicepresidente

En el marco del legajo iniciado en 2013, cinco personas fueron acusadas. Además de Maglianesi, Marín y Pradolini, también fue investigado quien fue vicepresidente de la entidad. Se trata de un hombre de 65 años, cuyas iniciales son ROM.

“En función de las circunstancias específicas del caso de esta persona, avanzamos en la concreción de una suspensión de juicio a prueba durante 18 meses”, explicaron los fiscales. “El imputado deberá cumplir determinadas normas de conducta y abonar 600.000 pesos como donación al Club Atlético Colón”, agregaron.

Juicio al expresidente

El quinto acusado en la investigación es un hombre de 57 años, cuyas iniciales son GEL. Se trata del expresidente de la institución, quien comenzará a ser juzgado el próximo miércoles en el marco de un debate oral y público.

De acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Penal, el debate debería ser conducido por un solo juez. Sin embargo, a raíz de la complejidad de la investigación, las partes acordaron –y así fue dispuesto en la audiencia preliminar– que el tribunal sea pluripersonal. En tal sentido, los jueces designados son Lisandro Aguirre (presidente) y Martín Torres, y la jueza Celeste Minniti.

La Fiscalía lo acusó por el delito de administración fraudulenta y solicitará un pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo. “Se tuvo en cuenta el cargo que ocupaba, el grado de autodeterminación de la voluntad y la comprensión de los actos que realizó”, consideraron los fiscales y añadieron que “su edad y su nivel de educación le permitían conocer el reproche penal de su accionar y cómo debía actuar para hacerlo conforme a Derecho”. También concluyeron que “se consideró el perjuicio que su accionar acarreó para una institución conformada para desarrollar distintas actividades en beneficio de sus asociados y el daño social y trascendencia pública del hecho”.