Los santafesinos y santafesinas sufren el doble azote de la economía y la violencia criminal en grados cercanos al umbral de tolerancia, pero a la vez inoculados con dosis no menores de estupefacción e impotencia provenientes de la propia crueldad de las noticias cotidianas. No aguanto más pero no hay nada que pueda hacer, sería la síntesis del humor social imperante.

La idea de que la cosa ya va a mejorar no encuentra elementos concretos para sostenerla, al menos en un horizonte cercano. La expectativa de una desaceleración inflacionaria se puede defender de manera exclusiva por una descomunal recesión inducida desde el propio gobierno nacional por la vía de masacrar salarios y jubilaciones. No parece ser muy alentador.

Todo esto sin que aún se hayan hecho efectivos los monumentales aumentos previstos en la mayoría de los servicios públicos por quita de subsidios e incrementos en los costos de producción, algo que ocurrirá en el cortísimo plazo. El impacto social que tendrán esas medidas puede olfatearse al observar la situación del transporte público de pasajeros, tanto urbano como interurbano. Una verdadera guerra contra el bolsillo popular.

La discusión política entre el presidente y los gobernadores incluye este aspecto crítico, pero es evidente que no resulta determinante. En el reinicio de las negociaciones ocurrido el viernes en la Casa Rosada volvió a quedar en claro que si la gestión nacional insiste con suba de retenciones, la ex ley ómnibus –hoy con formato combi- no va a pasar. Pero sí se dejó abierta la chance de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria atada a la inflación con sólo 10 puntos de compensación por la licuadora de estos meses.  No más preguntas, señor juez.

Hay que decir en favor de los gobernadores y del propio Milei que están priorizando los intereses surgidos del mandato de las urnas. Están cumpliendo, en líneas generales, sus promesas de campaña. Nadie puede darse por estafado. Particularmente, algunos segmentos empresarios vinculados al mercado interno. ¿Qué esperaban que ocurriera en Rosario y su cordón industrial con un programa económico liberal, teniendo en cuenta la recientísima experiencia de Mauricio Macri, huésped de honor de la provincia desde hace algunos días?

Las gremiales empresarias son, en ese sentido, muy nítidas en sus objetivos. A diferencia de FISFE, que tiene muy otro perfil, la cúpula de la UIA parece solamente interesada en la reforma laboral redactada por el estudio de su presidente, el abogado Daniel Funes de Rioja, mientras varios de sus representados caen como moscas por la recesión. Ni Unión, ni Industrial, ni Argentina, supo caracterizar filosamente un general que fue tres veces presidente de la Nación.

El gobernador Maximiliano Pullaro finalmente no fue de la partida en la Rosada y en su reemplazo envió a la vice Gisela Scaglia. Las razones del faltazo son públicas y notorias. Los sanguinarios atentados en Rosario, de origen presumiblemente narco, aterrorizaron a la sociedad y conmocionaron a la gestión. Que estuviese en los cálculos una respuesta homicida a la acción estatal no atenúa el golpe.

Ante tamaña agresión, se resolvió constituir un comité de crisis con el ministerio de Seguridad de la Nación, refuerzo del personal federal y apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. Está por verse si el anuncio se corresponde con el tamaño del operativo y, especialmente, su permanencia. El Plan Bandera fue presentado de manera rimbombante pero su adelgazamiento reciente sirve como botón de muestra para ser cautos y esperar los hechos concretos.

Pullaro cuenta con amplio consenso político y social para su línea de seguridad. Su conocimiento personal del tema está fuera de discusión. Los funcionarios que eligió para el área comparten plenamente su convicción. Eso no impide que deban ser atendidas algunas alarmas que están sonando.

La provocativa estrategia de marketing en redes, un calco del estilo del salvadoreño Nayib Bukele, con fotos y videos de requisas en las cárceles musicalizadas con heavy metal, seguramente es muy efectiva en términos político-publicitarios. Pero, a la luz de los hechos, se tornó inconveniente para los objetivos concretos de la política de seguridad. Cumplió un ciclo y debe ser revisada, al menos en su utilización sistemática.

Hay otras alertas que aún están invisibles en la agenda de la opinión pública. El personal de seguridad, y en particular el penitenciario, está sometido a un máximo stress: expuesto en las cárceles y en la calle, con licencias bloqueadas y salarios sometidos a la licuadora. Como ya se dijo aquí en otra oportunidad: habrá algunos con veleidades de Rambo, pero la mayoría es gente común y corriente que quiere cumplir con su trabajo y llegar en una pieza a su casa. Cuidado.

En paralelo, y por fuera del narco, hay una aceleración notable de los delitos predatorios. Robos con armas en la vía pública, escruches y arrebatos se espiralizan en paralelo a la crisis económica. Es dato, no opinión. Saltará a los medios cuando ocurra una tragedia, un escenario para nada improbable en este contexto.

Para este caldo espeso de violencia y miseria hará falta bastante más que un Chapulín Colorado.