El mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que defenderá este miércoles Javier Milei y que se publicará a la medianoche en el Boletín Oficial, contempla una serie de medidas con el objetivo de desregular la economía. Hasta el momento hay fuerte hermetismo sobre el detalle, pero se conocen algunos puntos sobresalientes. 

El texto contará con 600 artículos que incluyen cambios en el sistema laboral y en la Ley de alquileres vigente. La ex secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, calificó de “autoritaria” la metodología adoptada por el gobierno nacional y cuestionó la modalidad elegida para la elaboración. 

Según trascendió hasta ahora, el Decreto tiene un importante apartado dedicado a la legislación laboral. Una de las primeras cuestiones tiene que ver con la implementación del fondo de cese laboral similar al de la Construcción, con el objetivo de que cada trabajador se pague su indemnización. 

También se modificaría el plazo para los períodos de contratación a prueba, que actualmente son de tres meses y pasarían a ser de ocho. 

Por otra parte, con el pretexto de darle una asistencia a las Pymes, se establecería una reducción de multas a firmas que hayan incurrido en irregularidades a la hora de la contratación laboral o que directamente no tengan registro del inicio de ese contrato. 

Otro de los puntos polémicos que se dará a conocer en el extenso paquete de medidas, tiene que ver con la Ley de alquileres. El propio presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Menem, ya anticipó que la legislación será derogada, y los contratos quedarán sujeto a un acuerdo entre las partes.

En su discurso de este miércoles, se espera también que Milei haga hincapié en decretos para derogar leyes clave como la de Góndola, la de Tierras, la de Compre Nacional y la de Abastecimiento.

Ante este escenario, la ex secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, destacó en su red social X que la Constitucional Nacional "autoriza DNU para circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia", por lo que si un decreto "deroga 300 leyes y modifica otras tantas" el Poder Ejecutivo se arrogaría "facultades legislativas vedadas" y significaría "un avasallamiento a la división de poderes".