Redacción Santa Fe Plus

El proyecto impulsado por Pablo Javkin y aprobado este jueves en la Cámara de Diputados provincial es similar a dos iniciativas del exministro de Seguridad Marcelo Sain. Tal detalle fue introducido por el diputado peronista Leandro Busatto durante la última asamblea legislativa, para compartir la inquietud de su bloque acerca de "por qué se vota ahora y en su momento no".

La iniciativa ingresada por Ariel Bermúdez, que recibió media sanción este jueves, propone la conformación de mesas locales de seguridad en las que tendrían mayor incidencia los intendentes y jefes comunales. Para ello, retoma conceptos vistos previamente en una resolución y en un proyecto de ley de Seguridad Pública redactados por Sain. Sin embargo, su iniciativa en la Cámara no tuvo el aval político necesario para verse materializados.

El primero de ellos fue publicado el 3 de enero de 2020. Ocurrió tras el asesinato de Gonzalo Glaría, joven rafaelino de 25 años ultimado por dos personas a las que persiguió tras sorprenderlas cometiendo un robo. Aquel crimen generó una  masiva movilización en reclamo de mayor presencia policial en las calles, y derivó en la  Resolución firmada por el exministro Sain para disponer la conformación de Mesas de Coordinación Institucional en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista.

"No estamos mirando el color político de esas ciudades, porque queda claro que Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto no son gobernadas por el partido oficial", señaló el por entonces ministro en rueda de prensa. "Queremos institucionalizar una mesa donde se identifiquen los problemas de violencia y delitos que hay en el lugar, se establezcan estrategias y acciones operacionales y haya una evaluación de manera conjunta: intendente, Ministerio de Seguridad y policía", agregó.

Pero además, el texto de Bermúdez pareciera hacerse eco del proyecto de ley de Seguridad Pública que redactara el propio Sain en aquel 2020, y que incorporó esa resolución para que quede plasmada como ley. Sin embargo no tuvo el aval necesario para ser sancionado.

Este viernes y vía Twitter, el diputado Busatto comentó que el artículo 137 de aquella norma (de caracter más amplia e integral) proponía una mesa de conformación tan idéntica a la planteada por Javkin, que hasta llevan el mismo nombre: Mesas de Coordinación Institucional en Seguridad Local.

Tweet de LEANDRO BUSATTO

Los artículos en detalle 

Los textos señalados por Busatto son el 5° de la resolución firmada tras el crimen de Glaría, el 137° del proyecto de ley integral de Seguridad Pública redactado por Sain y el 14° del aprobado en la pasada sesión de la Cámara Baja.

Al hacer foco sobre ellos, se observa que los tres proponen una misma mesa, conformada por los mismos actores (un representante de la cartera de Seguridad provincial, un funcionario municipal y una autoridad policial), y con idénticas obligaciones.

Hay, no obstante y para hacer justicia, una sutileza a señalar. Es la exigencia de que el representante del Ministerio de Seguridad "tenga un rango no inferior a subsecretario/a", disposición que aparece solo en el proyecto de Javkin.

Un proyecto de Javkin con un "copy paste" de una iniciativa de Sain

"No se está discutiendo plagio, solo mostrando que todos tenemos algo para aportar y que debemos dejar de lado los nombres propios", aclaró Busatto al señalar las similitudes, durante la asamblea legislativa, donde también resaltó "el coraje cívico que mostró el intendente rosarino" y pidió "aprovecharlo para dar las discusiones necesarias sobre temas sensibles".

En tanto, los fundamentos de la iniciativa aprobada este jueves solo señalan tener "como fuente y fundamento" el proyecto presentado previamente por Javkin, el 27 de abril pasado, día en que ingresó a la Legislatura una iniciativa propia de Seguridad Pública "para que los intendentes tengamos voz, voto y veto sobre el accionar de las fuerzas policiales en nuestros territorios, porque queremos poder decidir quién, cómo y dónde debe estar la policía".

Tweet de Pablo Javkin

El diputado socialista Joaquín Blanco, en tanto, reconoció "en nombre del partido socialista, la posibilidad de acompañar al intendente rosarino como la cara y la voz de una ciudad que está atravesando una situación excepcional en materia de delitos". Lo hizo al tomar la palabra durante la discusión del proyecto, donde aprovechó además a hacer un crítico repaso de los últimos cambios en el Ministerio de Seguridad y en la cúpula policial.

Fabián Palo Oliver valoró a su turno que la iniciativa ingresada "tiene un articulo para que los municipios y comunas puedan participar por propia voluntad de la Junta de Seguridad", en tanto que Gabriel Real destacó el proyecto como "una iniciativa interesante que le da una dimensión política a la problemática, pero que además incorpora herramientas para el control social y que postula la seguridad como servicio público".

Sin embargo, fue significativo el rechazo del bloque radical Evolución comandado por Maximiliano Pullaro. "El Foro de Intendentes y Presidentes Comunales de la UCR, que nuclea a más de un tercio de los gobiernos locales de Santa Fe, rechazó de forma unánime esta manera de encarar la solución porque solo mira a Rosario", señaló el diputado Juan Cruz Cándido al justificar su postura.

A su turno, la diputada socialista Lionella Cattalini lamentó las "innecesarias expresiones públicas" de fisura interna por parte de sus compañeros de frente.

Qué dice el proyecto

La norma retoma el debate acerca de la "autonomía municipal" y propone la creación de una Mesa de Coordinación en Seguridad por cada una de las 19 unidades regionales de la provincia, mesas que reunirían (de pasar el Senado y convertirse en ley) "de manera estable, además de (a) los representantes de las fuerzas de seguridad pertinentes, (a) los intendentes de las ciudades cabecera de cada departamento".

En tal marco, los mandatarios locales "tendrán facultades de seguimiento de las acciones que desplieguen las fuerzas policiales y de seguridad", podrán "evaluar el desempeño funcional y los resultados alcanzados", "promover instancias de interacción con el Ministerio de Seguridad y los Jefes de Unidades Regionales de la Policía" y "elaborar informes y dictar recomendaciones tendientes a promover la eficiencia de las operaciones".

En su artículo 4, además, dispone que para la designación de los jefes policiales "deberá elaborarse una terna que se pondrá a disposición de los respectivos intendentes (...) para su previo pronunciamiento".

"Los municipios del siglo XXI no pueden ni deben seguir gestionando con las mismas herramientas diseñadas bajo la concepción que los encuadró como simples delegaciones administrativas de los gobiernos provinciales", planteó el diputado Bermúdez en los considerandos del proyecto.