La empresa concursada Vicentín anunció esta semana el cierre por seis meses de dos de sus plantas cerealeras ubicadas en San Lorenzo y Ricardone.

De acuerdo al presidente temporal del directorio, Esteban Bougain, la medida se debe a motivos extraeconómicos.

Según señaló, se debe a la falta de granos en la provincia y la imposibilidad (por estar bajo proceso concursal) de importar dichos cereales para mantener la producción.

De tal modo, los 850 trabajadores afectados por la medida mantendrán guardias mínimas y seguirán percibiendo su sueldo durante los seis meses que permanezcan paradas sendas terminales.

Puerto Vicentin, ubicada sobre el río Paraná, puede procesar 16 mil toneladas diarias. En Ricardone la actividad principal es el girasol, pero también suele operar con soja, cuya producción sufrió en el país una fuerte caída como consecuencia de la sequía”, se informó en El Litoral.

En Avellaneda y Timbúes se continúa trabajando de forma continua.

“Aroma a desestabilización política”

Por su parte el diputado provincial e integrante de la comisión legislativa del caso Vicentín, Carlos del Frade, cuestionó la medida tomada por tener “más aroma a generar desestabilización política a través de la angustia de sus trabajadores que razones económicas y financieras”.

Ató la decisión de Vicentín a la idéntica medida tomada recientemente por Swift y planteó: "En los documentos presentados por los integrantes del directorio el consorcio de 33 empresas garantizaban trabajo, sueldos y ocupación hasta marzo de 2024”.

Asimismo, del Frade planteó que “los números de ventas de su tradicional socio extranjero, Glencore hoy llamado Viterra, demuestran el liderazgo en la exportación de cereales”.

Tweet de Carlos del Frade

Por tal motivo lamentó “el silencio de los gobiernos, tanto nacional como provincial, en no aclarar la verdadera situación económica y financiera del grupo para darle tranquilidad a las familias trabajadoras”.

Con esta nueva medida Vicentin “vuelve a presionar para que se apruebe su propuesta provocación de pagar la deuda de 1.600 millones de dólares en quince años y solamente el veinte por ciento”, explicó el legislador.

Y completó: “Si faltara dinero deberían traer los 791 millones de dólares que fugaron entre agosto de 2019 y enero de 2020”.