Por Gustavo Castro

Las quejas, reproches y denuncias del sujeto político autodenominado “campo” no se verifican en su aporte real al fisco de la provincia de Santa Fe y exige una mirada más profunda en relación al Estado Nacional. Así surge de un análisis de las cifras, tediosas pero reveladoras, de recaudación y presupuesto.

En primer lugar, se debe aclarar que, a diferencia de la mayoría de actividades, la producción primaria está exenta de Ingresos Brutos. Es decir: la venta de granos, cereales o cualquier otro bien sin procesar generado por el campo no paga un tributo que sí afecta a la mayoría de las actividades económicas de Santa Fe y que representó en 2021 el 76,96% de la recaudación de la Administración Provincial de Impuestos (API), según números oficiales.

De acuerdo a esas mismas cifras, el organismo recaudador santafesino en 2021 captó globalmente $ 175.340.646.098,01 el año pasado y el Impuesto Inmobiliario contribuyó con $ 13.712.871.060,07. De ese total, un 65% provino del Urbano y un 35% del Rural. O sea que el campo, en su sentido más estricto, aportó $ 4.799.504.871,02. Un 2,73% de todo lo ingresado.

Si se observa la proyección para este año, delimitada por el presupuesto 2022 aprobado dificultosamente en la Legislatura, se prevé un gasto total de $ 850.445.400.000 y una recaudación por Impuesto Inmobiliario de $ 21.664.007.000. Si el Rural participa en un 35%, eso supone una cifra de $ 7.582.402.450. O sea: el campo aporta en tributos provinciales un 0,89% para el funcionamiento del Estado santafesino. 89 centavos de cada 100 pesos.

Vale en este punto hacer una mención. El diputado provincial Leandro Busatto, jefe de bloque del PJ y precandidato a gobernador por la Corriente Nacional de la Militancia, presentó un proyecto para reformar este tributo con un enfoque redistributivo interno: bajar un 50% la carga para pequeños y medianos productores y cobrar un adicional a los propietarios de grandes extensiones de tierra. La iniciativa nunca fue tratada pero ahora el legislador piensa volver a la carga, incluso con la publicación de un libro sobre el tema.

Con el mismo ejercicio hecho con el Inmobiliario Rural pero practicado con el impuesto a los Sellos se completa la dimensión provincial. Aquí hay que hacer varias aclaraciones. En el caso que ocupa a esta nota, se grava la comercialización de los productos en los contratos entre privados, con lo cual el peso del tributo queda sujeto a la negociación entre “el campo” y el comprador de su mercancía. Pero además, se paga la mitad si la operación se inscribe en las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario, que a su vez cobran un arancel por el “servicio” que prestan. Esas mismas entidades lograron que en la última ley impositiva se las mencione expresamente para reemplazar al genérico “bolsas” de años anteriores. Porque una cosa es libertad (de mercado) y otra libertinaje.

En cualquiera de los casos, por este impuesto se recaudaron $ 14.129.301.217,76 en 2021, de los cuales el 2% corresponde a “el campo”, es decir $ 282.586.024,35. Si este monto se suma al del Inmobiliario Rural, la cifra final da $ 5.082.090.895,37. En criollo: un 2,9% de los ingresos totales del API, menos de 3 pesos de cada 100.

Cuando se observa el presupuesto 2022 con igual criterio que el utilizado anteriormente, se desprende que por el tributo a los Sellos se evalúa recaudar $ 19.349.803.000, de los cuales quedarían $ 386.996.060 teniendo en cuenta el 2% señalado en el párrafo previo. Eso hace un total de aporte de “el campo” de $ 7.969.398.510 al sumarse el Inmobiliario Rural. Un 0,93% del gasto global previsto por el Estado provincial para este año. 93 centavos de cada 100 pesos de inversión pública.

¿Cuánto aporta el campo en Santa Fe?

El monstruo nacional

Como ocurre regularmente, la representación política de “el campo” suele apuntar al gobierno nacional, en tanto y en cuanto esté en manos del kirchnerismo o al menos participe de él, como un deglutidor voraz del esfuerzo de la gente que trabaja y produce, todo con el objetivo de utilizar ese dinero para sostener a la clientela del oscuro conurbano bonaerense y otras zonas inferiores del país.

Para no sobreabundar en tanto detalle, conviene señalar dos aspectos escasamente mencionados. Uno de ellos está vinculado al impuesto sobre los Bienes Personales. Este tributo se ajusta sobre el valor fiscal de las propiedades, al igual que el Inmobiliario. En Santa Fe, el último revalúo data de 1974. Sí, hace casi 50 años. En el caso rural, se ejecutaron aumentos uniformes en 1992 y 2012, pero sin corregir las distorsiones propias de semejante atraso. Según el último proyecto en este sentido, presentado en 2014 por el gobernador Antonio Bonfatti, que perdió estado parlamentario, el desafasaje con el valor real de las propiedades de “el campo” oscilaba en aquel entonces entre 14 y 59 veces. La mayor parte de esos bienes, un 58%, ya presentaban hace 8 años un descalce que iba de 25 a 34 veces.

Esta situación hizo que se empezaran a aplicar mecanismos de actualización vinculados a la variación inflacionaria, despegados completamente de estos avalúos cuasi prehistóricas. En provincias con gran peso del sector agropecuario, como Buenos Aires o Entre Ríos, en los gobiernos de Daniel Scioli y Sergio Urribarri respectivamente, hubo revaluaciones votadas en medio de violentos incidentes protagonizados por la Mesa de Enlace. 

En 2018, con Mauricio Macri en la Casa Rosada, se aprobó en el Congreso de la Nación una exención casi total a las propiedades rurales en Bienes Personales, que era donde estaba el mayor eje de la resistencia de las patronales del sector al sinceramiento de los valores fiscales. Otro impuesto menos a pagar por “el campo”.

Finalmente, el segundo punto a destacar, el que más polémica detona: las retenciones. Es necesario destacar que los derechos de exportación están incluidos desde 1853 en el texto de la Constitución Nacional como ingresos propios del Estado nacional. Pese a ello, y tras la crisis política gatillada por el conflicto por la resolución 125, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner creó el Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo Soja, mediante el cual se redistribuía de manera automática el 30% de lo recaudado por este instrumento a las provincias, municipios y comunas con criterio de coparticipación. Con ese dinero, por ejemplo, la Provincia construyó buena parte del Cemafe y el nuevo hospital Iturraspe en la ciudad de Santa Fe. Esos recursos dejaron de fluir con la firma del pacto fiscal con los gobernadores durante la presidencia de Macri.

Más allá de este periplo político, resulta imprescindible indicar que las retenciones no se aplican sobre “el campo” sino sobre las compañías exportadoras, que trasladan ese costo a los productores. Sin embargo, ese marco normativo les permite a esas empresas evitar el pago de Ingresos Brutos por la prohibición legal de la doble imposición. Es decir, no pagar dos impuestos por la misma actividad.

No hay registro, al menos cercano, de un tractorazo a una multinacional cerealera.