Pasado el mediodía del lunes se produjo un nuevo allanamiento en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron el operativo en la sede ubicada en la ciudad capital. Precisamente, en la Oficina de Coordinación Técnica y Administración del Ministerio de Seguridad, donde se requisó información documental y computadoras. El área estaba a cargo de Maximiliano Novas, quien presentó su renuncia como secretario el pasado viernes, junto a otros once funcionarios del equipo de Marcelo Sain dentro del Ministerio.

La requisa continúa con los allanamientos realizados en las sedes del Ministerio en Santa Fe y Rosario, el mismo viernes, coordinadas el Fiscal de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández, en una causa que investiga un presunto espionaje ilegal por parte de la gestión del ex Ministro de Seguridad, Marcelo Sain, a "empresarios, políticos y periodistas". También se investiga otra causa, por presuntas irregularidades en una compra de armas que, finalmente, no se concretó.

Desde prensa del Ministerio Público de la Acusación solo indicaron que los procedimientos tuvieron como objetivo solicitar documental de interés, como así también algunos teléfonos oficiales de los funcionarios que hasta el viernes prestaron servicios en la cartera de Seguridad provincial. 

Mientras tanto, el actual ministro de Seguridad, Jorge Lagna, informó que ya aceptó las renuncias de los funcinarios que habían llegado a la cartera provincial junto a Sain, quien desde la semana pasada ocupa el cargo de asesor en el Ministro de Seguridad de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández. Después de la renuncia de Sain en marzo de 2021, el panorama no ha hecho más que complejizarse. Al cambio de conducción le sigue ahora la necesidad de renovar la mayor parte de los cuadros técnicos, en la mitad de la gestión y en un contexto crítico para la seguridad provincial. 

El gobernador Omar Perotti -quien no se ha expresao públicamente sobre los allanamientos- intenta conformar una mesa de diálogo con la oposición para abordar la problemática de la inseguridad y el impresionante crecimiento de la violencia en Rosario en la última década. El paquete de leyes de seguridad que el Ejecutivo envió hace más de un año a la Legislatura continúa sin recibir tratamiento.