A falta de cuatro semanas para el paro general convocado por la CGT, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) no descartaron realizar una movilización previa a esa fecha, en vista de la urgencia generada por los despidos masivos y las medidas de ajuste.

Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio de trabajadores estatales, dialogó con la prensa en la previa a una asamblea en Buenos Aires y señaló: "El 24 de enero, fecha en que convocaron al paro general las centrales sindicales, a los empleados estatales nos está quedando demasiado lejos".

En ese sentido, y cifrando en 7.000 los despidos a nivel nacional, remarcó: "Los estatales no podemos esperar y necesitamos salir a responder antes por el nivel de agresión que estamos sufriendo".

En diálogo con Sí 98.9, Matías Avallone, coordinador de organismos nacionales de ATE, sostuvo que si bien se esperaban “una cantidad de despidos entre los 7.000 y los 10.000 por lo que decía la letra  fría del decreto”, la problemática de la pérdida de trabajos se suma a la de las medidas de ajuste, con la pérdida brutal del poder adquisitivo, y a las de pérdida de derechos laborales y de huelga.

Incluso, resaltó que si bien los trabajadores estatales ya están “acostumbrados a ser siempre la variable cuando asume algún gobierno neoliberal de este tipo como con el menemismo o el macrismo”, las medidas por las que hoy reclaman ya trascienden al sector público.

“Si bien en el caso nuestro se habla de una reforma del Estado que prevé achique, ajuste, despidos, estas políticas ya trascienden y nos afectan directamente aunque no fuéramos empleados públicos. Nos afecta la medida, la devaluación y el precio de la nafta que dejaron correr, nuestro salario pasó a valer la mitad, y si vos a todo eso le sumas a todo lo que tiene aparejado el DNU, todo lo que implica cada una de esas medidas… nos afecta a la sociedad en general”, resaltó Avallone.

De igual forma, también remarcó que la Ley Ómnibus, en lo que tiene que ver con el trabajo, “está muy apuntado a quitar derechos en el sector privado y a quitar el derecho al reclamo”.

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