"Una herramienta de extorsión": fiscales sobre el regimen disciplinario del MPA
Apuntaron contra la ley aprobada en 2017, impulsada por el Frente Progresista y un grupo de senadores, para que el Poder Legislativo pueda remover fiscales. Sostienen que le pidieron a Lifschitz que la vete pero que el ex gobernador "honró sus alianzas con las y los legisladores y la promulgó". Y volvieron a cargar contra Traferri.
En un durísimo comunicado, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación apuntó contra la decisión del senador Armando Traferri de denunciar a los fiscales que lo investigan, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, pero también contra la ley que en 2017 impulsó el Frente Progresista Cívico y Social, junto a algunos senadores del PJ, para modificar el régimen disciplinario contra los fiscales, al que califican de "herramienta de extorsión". Y cuestionaron la decisión del ex gobernador, Miguel Lifschitz, de no vetarla.
Sostienen que la denuncia de Traferri contra los fiscales es porque "desde hace un tiempo, cometen la osadía de intentar llevarlo a juicio para que un Tribunal, en audiencia pública, determine si es o no culpable de recibir coimas, de hacer tráfico ilegal de influencias, de manipular a funcionarios judiciales y policiales para favorecer empresas ilegales de juego clandestino, entre otras probas contribuciones al bienestar de la Provincia de Santa Fe".
Luego, se refieren a la ley 13.013, sancionada en 2009 pero modificada en la última sesión de 2017: "La acción sistemática de aislamiento contra las y los funcionarios del Poder Judicial que intentan acusar y enjuiciar a Traferri comenzó en 2017, cuando dos fiscales del MPA iniciaron una investigación por utilización indebida de subsidios. Entonces, los senadores en bloque denunciaron a ambos fiscales ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura. En ese momento, ocho años después, se dieron cuenta que la ley 13.013, aprobada en 2009, no otorgaba facultades disciplinarias sobre las y los fiscales a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura. E hicieron lo más sencillo. Cambiar la ley para ajustarla a sus necesidades políticas".
"La ley se aprobó, literalmente, entre gallos y medianoche, por unanimidad de las y los integrantes de ambas cámaras. Las y los fiscales le pedimos al gobernador Lifschitz que vetase la ley. El gobernador honró sus alianzas con las y los legisladores y la promulgó. Así comenzó la historia de la debilitación institucional del MPA", agregan.
En realidad, el texto tiene un error. La ley no fue aprobada por unanimidad en diputados. Tuvo 37 adhesiones, pero hubo 13 legisladores que no la acompañaron: Leandro Busatto, Patricia Chialvo y Roberto Mirabella (PJ), Demetrio Álvarez, Federico Angelini, Germán Mastrocola y Sergio Más Varela (Cambiemos), Cesira Arcando (FE), Federico Reutemann (PyT), Jorge Henn, María Victoria Tejeda, Estela Yaccuzzi y Edgardo Martino (NEO UCR).
Esa modificación contó con el respaldo absoluto de los legisladores del Frente Progresista, en una Cámara en la que tenían mayoría y era presidida por el ex gobernador Antonio Bonfatti. De hecho, en los días posteriores, el diputado Busatto sostuvo que “algunos diputados ni siquiera sabían lo que estaban votando”.
"Desde entonces pesan sobre la cabeza de toda y todo fiscal que se atreva a investigar casos que pongan en peligro los intereses del poder, espadas que no tienen nada que ver con Damocles. Además, no es una sola, son muchas. Se trata de las espadas de Gramajo, Baucedo, Berra, Cornaglia, Diana, Enrico, Giacomino, Gramajo, Marcón, Michlig, Pirola, Rasetto, Rodenas, Rosconi, Sosa, Traferri y de cualquier diputado o diputada, o de cualquier pariente de cualquiera de ellos, o de cualquier mecenas, acólito, esbirro, financista, aliado, favorecido, amigo, socio, amigo del socio, socio del amigo, financista del aliado del amigo del socio", agrega el comunicado de las y los fiscales.
"La cohesión política que cuida a un Senador sospechado de corrupción y que amenaza a los fiscales que tratan de hacer su trabajo constituye, a la vez, una triste paradoja. En una provincia en la que las víctimas de homicidios y femicidios se cuentan por cientos, parece imposible construir un consenso político general en materia de seguridad y justicia. No obstante, desde 2017, la mayoría de los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo construyen impunidad monolíticamente", sostiene.