La espera a prueba de ansiolíticos de la definición de Cristina Fernández de Kirchner sobre las candidaturas nacionales abre un (pequeño) margen para discurrir, en una columna política, sobre un problema bastante más pedestre que la siempre adrenalínica rosca electoral: el transporte público de pasajeros.

La semana que pasó y tal vez la que inicia estarán protagonizadas por un conflicto recurrente que deriva en paralización del servicio. La distribución de los subsidios nacionales fue, es y será motivo de puja entre el gobierno nacional, las administraciones provinciales y las gestiones municipales, además de las cámaras patronales de colectivos y el sindicato UTA, que en no pocas ocasiones hacen juego de pinzas para arrancarle más recursos al bolsillo del payaso, al decir del ahora wadista Luisito Barrionuevo.

El reparto de fondos para los sistemas de transporte público de pasajeros arrancó luego de estallada la convertibilidad con el saludable propósito de amortiguar las subas de costos de los diversos componentes del servicio y, así, evitar el traslado automático a la tarifa que paga el usuario.

Durante los 12 años de la era progresista en Santa Fe se instaló, sin demasiadas objeciones peronistas, la fantasía de que los subsidios en general quedaban únicamente en la Capital Federal y Gran Buenos Aires. Que a la provincia no llegaba un peso de esos recursos. Esa música alcanzó su volumen más alto durante el conflicto por la resolución 125: los gringos de manos callosas que mantenían a los negros-vagos-planeros-peronchos del conurbano bonaerense.

Con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, esa fábula quedó hecha añicos para dolor de los bolsillos santafesinos. El recorte masivo de subsidios derivó en colosales tarifazos en todos los servicios públicos. El punto cúlmine fue la firma del consenso fiscal de 2018, al calor del acuerdo con el FMI, en el que la Nación les trasladaba el esfuerzo de sostener el transporte público a las provincias. Por si no se entendió: el Estado federal no iba a poner un centavo más para regular el precio del boleto. Miguel Lifschitz y un puñadito de gobernadores se negaron a suscribir ese pacto.

Tras el triunfo de 2019, la presidencia de Alberto Fernández dispuso dar marcha atrás con esa política y los recursos volvieron a fluir a las provincias y a las ciudades de todo el país. Pero apareció la pandemia y su consecuente cuarentena, lo cual derivó en una profundización de la crisis del sector por la abrupta caída de boletos. Tampoco en ese rubro salimos mejores.

Otro plano de discusión es la inversión que hacen los Estados subnacionales. Es decir, qué tanto pueden y quieren intervenir en sus sistemas de transporte público. Días atrás, la directora provincial de la sede rosarina de la gobernación, Marianela Blangini, le recordó por Twitter a Maximiliano Pullaro que la gestión que precedió a la actual, que tuvo al postulante radical como controvertido ministro de Seguridad, “intentó imponerle un brutal ajuste a Omar Perotti con el recorte de los subsidios a través del presupuesto 2020”. La referencia de la funcionaria y precandidata a diputada provincial es al descenso en la previsión del gasto destinado a ese fin impuesto al rafaelino por la administración saliente en tándem con los senadores liderados por Armando Traferri.

Debe decirse sin temor a equivocarse que una de las políticas más transformadoras de las últimas décadas se implementó en la gestión provincial que está próxima a concluir: el Boleto Educativo Gratuito. Más de 100 mil estudiantes, docentes y asistentes escolares viajan gratis todos los días a su escuela o facultad. El gobierno de Perotti tiene cientos de flaquezas, ésta claramente no es una de ellas.

Sí es cierto que provocó un efecto no deseado: la saturación del transporte interurbano, particularmente fuera de los grandes aglomerados. Sí, aunque usted no lo crea, en el interior santafesino la gente no se moviliza a caballo sino en colectivos. Es simpático creer que el centralismo es propiedad única del AMBA, pero la brava realidad indica que no es solamente allí donde viven mirándose el ombligo.

Sería saludable que la problemática del transporte público de pasajeros deje de estar presente sólo en el proselitismo municipal y ascienda de categoría para instalarse en las campañas electorales de la provincia y la Nación. Y que las distintas fuerzas políticas ofrezcan al electorado un programa sobre este punto tan sensible en la cotidianeidad popular. Y que ese debate sea desprovisto de chicanas y golpes de efecto. Spoiler: no va a ocurrir.