La Legislatura de Santa Fe aprobó este jueves el pedido de emergencia social enviado por el gobernador Maximiliano Pullaro, a los fines de "garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer las estructuras de protección de derechos en un contexto de alta crisis social".

Según argumentó el diputado Marcelo González, la iniciativa apunta a brindar herramientas en materia de seguridad alimentaria, salud y educación.

Esto es, a brindar recursos a las carteras pertinentes para que apliquen políticas tendientes a “garantizar los derechos de muchos de nuestros niños y adolescentes”.

“Se buscará cumplir los recursos atrasados a los Samco, quienes tienen dificultades para comprar insumos. No garantizamos saldar la deuda en un 100 por ciento pero sí estar lo más cerca posible”, amplió González al respecto.

También sostuvo que intentará “desregularizar la burocracia estatal para que los contratos atrasados se puedan pagar, así como duplicar en el corto plazo la flota de ambulancias para modernizar el sistema del 107”.

Finalmente comentó que, en materia de educación, “la emergencia va a estar enfocada en la alfabetización".

A su turno, el diputado Walter Ghione añadió que la norma “abarca la emergencia en adicciones, donde la idea es fortalecer de forma urgente los diferentes dispositivos interdisciplinarios”.

En la Cámara Baja, la emergencia contó con las abstenciones de los diputados Juan Domingo Argañaraz y Natalia Armas Belavi.

“Tranquilamente podríamos haber votado el presupuesto para que cada uno de los ministerios pueda comenzar a gestionar. Esto a lo mejor lo tendríamos que haber votado en seis meses. Cuando salga el presupuesto cada ministerio tendrá ya su emergencia. No es bueno entrar en una situación de emergencia en emergencia”, sostuvo el primero.

La segunda acotó: “Tenemos un presupuesto en espera que podría ser tratado”.

En respuesta, la socialista Gisel Mahmud acalaró que “esta ley no se trata solo de presupuesto, sino también en declarar una emergencia en aprendizaje y contenidos”.